Una 'marea' de familiares denuncia la gestión de residencias en Madrid

Familiares de personas mayores en residencias, agrupadas en la llamada Marea de Residencias, han presentado este 11 de mayo una querella criminal colectiva con 26 querellantes en los Juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid. La denuncia va dirigida contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz-Escudero, y 10 directores de residencias privadas, concertadas, de gestión indirecta y públicas entre las que se encuentran Aralia-Ensanche de Vallecas, la Gran Residencia, Manoteras o AMAVIR-Ciudad Lineal, entre otras.

Esta denuncia se ha presentado después de recabar durante semanas el testimonio de decenas de familiares y trabajadoras, según ha informado Europa Press. En las próximas semanas se presentarán además otras dos querellas colectivas en diferentes juzgados de la Comunidad de Madrid correspondientes a familiares y trabajadoras de Residencias de municipios del resto de la región.

La querella pide que la presidenta de la Comunidad de Madrid, el consejero de Sanidad y los directores de las residencias citadas sean investigados por los presuntos delitos de homicidio imprudente, trato vejatorio, prevaricación y denegación de auxilio.

Respecto a la responsabilidad penal de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la querella dice: "La crisis provocada por el COVID-19, que ha terminado convirtiéndose en una pandemia que tuvo sus primeras manifestaciones a mediados de febrero de 2020 en el Estado español, aunque ya había conocimiento del mismo por los casos que se habían producido fundamentalmente en China y en Italia entre otros países, no fue abordada por la Comunidad de Madrid que tiene plenas competencias, como indicaremos más adelante, en sanidad y en el control de las residencias de personas mayores".

"En la Comunidad de Madrid, los fallecidos en residencias al momento de redactar esta querella a principios de mayo ascienden a 7.092, 5.688 por Coronavirus, que representan casi el 50% de los fallecidos en residencias en todo el país, cifra muy alarmante teniendo en cuenta, por ejemplo, que en toda Francia en residencias de mayores han fallecido 7.000 ancianos y en Italia 7.200 en total (cifras a finales de abril)", han argumentado en el escrito. 

Detallan, además, que "el 26 de marzo se publica por el consejero de Políticas Sociales, el señor Reyero, los datos desagregados de todas las residencias. En dichos datos los porcentajes de fallecidos en residencias totalmente públicas es de 1,63% y las residencias privadas un 2,18%. En las trece residencias privadas intervenidas los fallecidos superan el 10% del total de fallecidos en las Residencias de la Comunidad de Madrid".

La Marea de Residencias ha adelantado que esta denuncia solo se ciñe a centros de la capital y que se están preparando más querellas para otros municipios de la Comunidad de Madrid e incluso otras autonomías. Además, los propios trabajadores presentarán las suyas propias para denunciar la gestión durante esta pandemia.

"Hay muchas muertes que se podrían haber evitado”, aseguraba Carmen López, portavoz del colectivo, al diario 65ymás. Según López, durante la crisis del coronavirus muchos mayores en residencias "han visto negados sus derechos constitucionales como ciudadanos al no ser atendidos en los hospitales" y han sufrido una falta de auxilio. Desde la Consejería de Políticas Sociales, Familia y Natalidad, de quien dependen las competencias de varias de las residencias querelladas, y desde la Consejería de Sanidad aún no hay ninguna reacción a la querella.

Y en AMAVIR-Ciudad Lineal, una de las empresas en cuestión, se han defendido alegando que “no se ha recibido ninguna notificación sobre la querella” y han esgrimido que están “en disposición de facilitar a la Justicia toda la información que requiera”.

“Nos parece injusto que se ataque el trabajo que ha realizado la residencia durante esta pandemia y más cuando la situación a la que nos hemos tenido que enfrentar desde las residencias ha sido de abandono por parte de las administraciones, que tardaron muchas semanas en proporcionar material de prevención y hacer tests a usuarios y trabajadores y, además, viendo cómo se nos negaban las derivaciones a hospitales de nuestros usuarios. En este sentido, nos parece muy injusto también que se esté queriendo criminalizar a las residencias de mayores, que han hecho un enorme esfuerzo no siendo centros sanitarios y no teniendo los medios de los hospitales", han señalado.