"Observamos que se pretende reducir los procedimientos científicos que determinan si estos organismos modificados genéticamente son nocivos para la salud humana y si no dañan a la biodiversidad, lo cual favorecería a algunos sectores productivos", dijo la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz.
La declaración se sumó al debate sobre un decreto del Gobierno de Jeanine Áñez, publicado el 8 de mayo, que dispuso, en atención a la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19, "procedimientos abreviados" para la introducción de semillas GMO de maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soja.
Entre esos sectores destacaban la Cámara Agropecuaria del Oriente y las asociaciones de grandes productores de oleaginosas, industriales aceiteros, lecheros y ganaderos, que publicaron avisos de agradecimiento a la presidenta Áñez.
En Bolivia, los cultivos transgénicos están prohibidos por la Constitución de 2009, aunque el anterior Gobierno de Evo Morales autorizó a principios del 2019 el uso de una nueva variedad de soja modificada en cultivos destinados exclusivamente a la producción de materia prima para una incipiente industria de biodiésel.
Los demás cultivos de ese grano, que suman entre 1,1 y 1,5 millones de hectáreas, utilizan mayormente una semilla GMO autorizada en 2004, que los productores consideran ya obsoleta.
El decreto "será utilizado para permitir el ingreso de organismos genéticamente modificados y paquetes tecnológicos asociados sin restricción alguna. Es una norma atípica que tiene la finalidad de cumplir formalidades transgrediendo inconstitucionalmente otras, sin importar la seguridad alimentaria en el país", criticó.
Los aspirantes presidenciales Luis Arce, del Movimiento Al Socialismo, y Carlos Mesa, de la neoliberal Comunidad Ciudadana, rechazaron el decreto acusando a Áñez, quien también es candidata, de tomar medidas que no corresponden a un gobierno transitorio, debido a su impacto de largo plazo.
El Movimiento Agrario Boliviano, que agrupa a una cuarentena de organizaciones de productores y grupos de investigación privados, alertó que la apertura total a las semillas GMO "significa impulsar los intereses de las cadenas del agronegocio que benefician mayormente a grupos económicos dominantes y no a la mayor parte de los productores".
Probioma, una de las ONG más reconocidas del país, afirmó que el decreto "pretende liquidar la ya deteriorada seguridad y soberanía alimentaria de los bolivianos", manifiesta el comunicado de la entidad.
Otras ONG señalaron que la introducción irrestricta de semillas GMO afectaría en particular al sector del maíz, producto del cual Bolivia tiene centenares de variedades que se cultivan con métodos tradicionales y orgánicos.
