¿Demagogia o necesidad? La polémica para bajar sueldos altísimos en América Latina

La donación de sueldos de parlamentarios y funcionarios públicos de alto rango es una de las alternativas que varios países de América Latina han estudiado para hacer frente a los costos imprevistos que trajo consigo la pandemia de COVID-19 y la crisis económica resultada de las cuarentenas. Sin embargo, la decisión de apelar al bolsillo de los jerarcas estuvo, muchas veces, acompañada de polémica.

En Colombia, por ejemplo, el debate se desató cuando la alcaldesa de Bogotá, Claudia López (del partido opositor Alianza Verde) propuso que los congresistas de Colombia aporten un mes de salario para destinar ese dinero a las familias más afectadas por el parate de la economía.

"Una sugerencia. Ya que los congresistas no pudieron ponerse de acuerdo en trabajar, ¡que se pongan a donar! Si cada uno aporta un mes de salario le podemos dar un ingreso básico de 160.000 pesos colombianos (41 dólares) a más de 40.000 familias", escribió la alcaldesa en su cuenta de Twitter.

López mostró también una ecuación en la que, suponiendo que un congresista colombiano recibe un total de 24 millones de pesos colombianos al mes (6.210 dólares), cada parlamentario podría distribuir ese ingreso en ayudas a 150 familias. Al multiplicar ese número por los 279 congresistas se obtiene la cifra de 41.850 familias que podrían recibir la ayuda.

El monto de 41 dólares por familia propuesto por López se corresponde a lo entregado actualmente por el programa 'Ingreso Ciudadano', con el que el Gobierno de Iván Duque asiste desde abril a familias vulnerables del país que no son alcanzadas por otros planes sociales estatales. El programa fue elaborado para paliar la crisis generada por la pandemia de COVID-19 y, según el Gobierno, alcanzará a un total de 3 millones de familias colombianas.

López culminó su mensaje con un "¿empiezas, vida mía?", en referencia a su esposa, la congresista Angélica Lozano. La congresista finalmetne hizo la donación pero no al programa del Gobierno nacional sino al programa Bogotá Solidaria en Casa.

La propuesta no fue bien recibida en el oficialista Centro Democrático, que retrucó a López que sus legisladores ya habían realizado una donación voluntaria de 2.000 millones de pesos (más de 500.000 dólares) para contribuir al combate al coronavirus, entre canastas de productos básicos, respiradores y otros insumos médicos.

Rápidamente, la respuesta del oficialismo colombiano se volvió contra López. "No le queda bien a Claudia López pedir a los congresistas que aporten su salario, porque nunca dio ejemplo: cuando fue candidata presidencial siendo senadora no renunció al salario y no asistía al trabajo. Y eso que entre ella y su pareja recibían dos salarios de congresista", escribió en Twitter el senador del Centro Democrático Ernesto Macías Tovar.

Semanas antes, un grupo de senadores de los también opositores Polo Democrático Alternativo, Decentes y Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) habían propuesto hacer una donación de parte de sus sueldos durante tres meses para conformar un fondo "dirigido a los vendedores ambulantes, trabajadores informales e independientes, personas cuidadores, habitantes de calle". El acuerdo entre esos legisladores implicaba que el monto de la donación sería definida "en forma voluntaria por cada congresista".

Sueldos de parlamentarios: ¿en qué países propusieron bajarlos?

En México, en tanto, el partido oficialista Morena presentó una propuesta para que los parlamentarios también donen parte de sus ingresos. Luego de que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador anunciara un plan de 'austeridad republicana' recortando algunos gastos del Estado para destinar a la lucha contra la pandemia, su partido presentó un plan con la misma intención en el Congreso.

Desde Morena presentaron propuestas que implicaban reducciones de hasta el 50% en las 'dietas' de los parlamentarios (ingreso que cobra cada congresista además del salario). Según una estimación de la diputada morenista Merary Villegas Sánchez y recogida por el diario El Universal, podría generarse un aporte de 111 millones de pesos mexicanos (4,7 millones de dólares).

El monto se obtiene de hacer la deducción a la dieta mensual de 74.300 pesos mexicanos (3.163 dólares) que obtiene cada uno de los 500 diputados federales y de la dieta mensual de 105.000 pesos mexicanos (4.470 dólares) que reciben los 128 senadores. Las propuestas de recorte también afectarían a los aguinaldos de los parlamentarios y las partidas que cobran los 'grupos parlamentarios' dentro del Congreso.

A pesar de la insistencia del propio presidente López Obrador con el tema, la oposición se mostró reacia a aceptar los descuentos. Desde el opositor Partido de Acción Nacional (PAN), respondieron que los parlamentarios no aceptarían los recortes si no existe una reforma en la Ley General de Partidos Políticos que habilite legalmente el traspaso de fondos en el marco de una emergencia sanitaria declarada por el Consejo de Salubridad General.

"El compromiso del PAN es apoyar directamente a quien lo necesite, pero no entraremos en el juego del gobierno federal de devolver prerrogativas para que éstas sean mal gastadas, porque no es más que demagogia pura, un engaño y una cortina de humo para distraer a la gente de lo verdaderamente importante", sostuvo el líder del PAN Marko Cortéz, según recoge la prensa mexicana.

Argentina no fue la excepción en este tipo de polémicas, aunque en ese caso surgió desde la oposición. Un grupo de legisladores de Juntos por el Cambio, coalición opositora liderada por el expresidente Mauricio Macri, propuso que funcionarios de todos los poderes del Estado realicen un aporte del 30% de su sueldo.

La posibilidad de establecer recortes fue apoyada por varios votantes de la oposición, que incluso organizaron un 'caceroleo' en la Ciudad de Buenos Aires para reclamar que el Gobierno reduzca salarios públicos.

A comienzos de abril, la polémica se abonó con una decisión de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de donar el 25% de sus salarios a un hospital público para tratar pacientes con COVID-19. Medidas similares fueron adoptadas por varios gobernadores e intendentes de provincias y ciudades del interior del país.

El presidente Alberto Fernández se manifestó contrario a las propuestas, a las que calificó como “demagógicas". "No seamos hipócritas, son los que después nos llaman populistas a nosotros", dijo en una entrevista con el periodista Horacio Verbitsky.

Fernández puso como ejemplo a su secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, "que gana 150.000 pesos (2.292 dólares) y está todo el día en la calle viendo cómo combatir al coronavirus". Para el mandatario, sería "mucho más razonable" apelar a un proyecto presentado por el diputado oficialista Máximo Kirchner para colocar un impuesto a quienes se beneficiaron del blanqueo de capitales durante la gestión de Macri.

Algunos países sí lograron acordar mecanismos de aportes de parlamentarios y jerarcas para combatir el coronavirus. Es el caso de Uruguay, donde el Parlamento aprobó a comienzos de abril una ley que establece un impuesto especial para todos los parlamentarios y jerarcas del Poder Ejecutivo con ingresos líquidos mayores a 80.000 pesos uruguayos (1.846 dólares).

Si bien la medida encontró resistencia en los sindicatos de funcionarios públicos, fue finalmente aceptada por el opositor Frente Amplio y votada en el Parlamento. Los descuentos salariales, que van de 5% a 20% del salario según el monto del ingreso, totalizarán —de acuerdo a previsiones del Gobierno— unos 12 millones de dólares que engrosarán el denominado 'Fondo Coronavirus' que tendría un aproximado de 400 millones de dólares.