Nunca en la historia de la democracia salvadoreña y sus paripés militarizados, un proceso electoral había tenido el preámbulo de los comicios legislativos y municipales previstos para 2021, al punto que llegara a considerarse la opción de reprogramarlos.
El experto en temas electorales Malcolm Cartagena era apenas un "cipote" (niño) cuando, el 10 de octubre de 1986, una sacudida de 7.5 grados de intensidad en la escala Richter dejara de golpe 2.000 muertos en un país desangrado entonces por la guerra civil.
"Sin embargo aquel evento no afectó ninguna elección, como tampoco los terremotos de enero y febrero de 2001: realmente lo que estamos viviendo ahora es algo inédito en muchos aspectos, y también en lo electoral", admitió Cartagena en diálogo con Sputnik.
Que recuerde el especialista, las autoridades evaluaron el posible reacomodo de centros de votación para las presidenciales de 2014, cuando el volcán Chaparrastique caldeaba más de lo habitual el oriente salvadoreño y la posibilidad de gran erupción era elevada.
El panorama ha cambiado drásticamente: en el país rige un estado de excepción que restringe ciertas garantías constitucionales, como la libre movilidad, lo cual repercute en la agenda del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para organizar las elecciones.
Por ejemplo, a principios de marzo el TSE debía comenzar la inspección y aprobación de los centros de votación, pero hasta la fecha ni una escuela ha sido visitada a tales efectos.
Sin margen para la confianza
Por lo pronto, ya los 10 partidos políticos reconocidos por el TSE cumplieron el protocolo de convocar a elecciones internas para escoger a sus candidatos a alcaldes, concejales y diputados en la Asamblea Legislativa y el Parlamento Centroamericano (Parlacen).
"Aún faltan varios meses para la fecha prevista [28 de febrero], lo cual da cierto margen para trabajar, pero el actual escenario de cuarentena obligatoria ya obligó a mover todas las internas a julio, cuando se espera que todo haya pasado", señaló Cartagena.
Tanto el experto como algunos magistrados del TSE admiten la posibilidad de cambiar la fecha de los comicios, pues hacerlo es una decisión administrativa de dicho organismo, y ni la Constitución ni el Código Electoral afirman que deban ser en una fecha puntual.
Si bien la reducción de los plazos electorales afectaría la licitación y compra de tecnología electoral, el escenario más inquietante es la posibilidad real de que el 31 de abril de 2021 culmine la actual legislatura, nadie asuma los curules y se resienta el Estado de Derecho.
Por otro lado, la respuesta a la crisis por el COVID-19 constituye una vitrina oportuna —y oportunista— para hacer campaña adelantada de cara a las elecciones, lo cual constituye un delito electoral que el TSE puede investigar de oficio.
No obstante, el ente electoral no ha abierto ningún proceso sancionatorio, a pesar de que el presidente Nayib Bukele blasona de sus logros en la gestión de la crisis, mientras la oposición le reclama improvisaciones, abusos de poder y escasa apertura al diálogo.
Unas elecciones problemáticas
Antes de que el coronavirus SARS-CoV-2 fuera un dolor de cabeza para El Salvador, ya las elecciones de 2021 eran fuente de jaquecas políticas.
A pocos días de vencer el plazo dado por la referida Sala, el Parlamento aprobó unas reformas que luego vetó Bukele, calificándolas de "adefesio jurídico", entre otras razones porque no aprobaba el voto electrónico y determinaba quiénes podía ejercer el sufragio.
El Legislativo superó dicho veto a finales de febrero, dejándole la última palabra a la corte constitucional, que hasta la fecha no ha decidido si avala unas reformas de las que pocos parecen acordarse, sobre todo ante una gestión de la crisis con visos de autoritarismo, en la que disentir no es bien visto, y elegir mucho menos.
