La nueva legislación flexibiliza el acceso al seguro de cesantía durante la emergencia sanitaria del coronavirus por un máximo de seis meses. Para acogerse a esa prestación, se exige el aporte durante por lo menos los últimos tres meses.
Además seis cotizaciones continuas o discontinuas durante el último año, siempre y cuando las últimas dos pertenezcan a la misma empresa. Durante el periodo de cesantía el empleador solo pagará el 50 % del seguro social.
La disposición apunta a "las empresas que se vean en la necesidad de disminuir la jornada laboral para pagar el 50% del sueldo, ya que el otro lo cubre el seguro de cesantía. Pero si el empleador no puede pagar el salario completo, puede usar esta ley para que el seguro funcione de forma completa", dijo a En Órbita el politólogo chileno Daniel Grimaldi.
"El primer mes funciona al 75% de tu salario, el segundo al 50% y el tercero al 30%. Y cuando se acaban esos fondos vas a un fondo solidario, donde el Estado puso dinero para cubrir el gasto”, explicó.
"¿Qué pasa si luego de esta crisis, cuando venga un fuerte golpe a la economía, hay un masivo despido de trabajadores y no hay cobertura en el seguro de desempleo?", se preguntó.
La situación de emergencia sanitaria por el COVID-19 se suma a la crisis que estalló en el país en octubre de 2019. El director del área Ideas Políticas, Conflicto y Cambio Social de la plataforma Chile 21, habló sobre cómo afecta las respuestas del Gobierno en este contexto.
"Este Gobierno tiene una falta de credibilidad muy grande a partir de las movilizaciones sociales del año pasado. Es un Gobierno débil, pero también la oposición es débil, con dificultades para negociar. (...) La crisis nos encuentra mal parados a los chilenos. El sistema político y social no está preparado para asumir tal desafío como una crisis sanitaria global", afirmó el entrevistado.
Nuevo rechazo de Caracas a Trump
El Canciller Jorge Arreaza condenó los "planes intervencionistas" en su país, reiterando que el Estado "soberano, independiente, demócrata" de Venezuela "no aceptaría tutelaje de ningún gobierno extranjero".
"Esta nueva propuesta es descabellada, ilegítima y violatoria del derecho internacional. EEUU se entromete y quiere ser juez de la situación en Venezuela", dijo a En Órbita el analista político venezolano Basem Tajeldine.
El entrevistado también opinó que ante los consecutivos fracasos de la derecha venezolana en sus planes de derrocar al Gobierno de Maduro, Washington decide "quemar" en este nuevo paso a la figura de Guaidó, al desvincularlo de la nueva propuesta política.
El plan, denominado "Marco de Transición Democrática" por la Casa Blanca, requeriría la creación de un Consejo de Estado, integrado por cinco miembros del actual Gobierno y de la oposición, para gobernar hasta que se realicen unas elecciones presidenciales y parlamentarias "dentro de seis o 12 meses".
La Unión Europea por su parte expresó que evaluará el plan de EEUU.
Europa intenta levantar su economía
La Comisión Europea anunció una nueva iniciativa para salvar millones de empleos durante la crisis del COVID-19.
"Es un subsidio público, llamado SURE, para el mantenimiento del empleo. (...) Permite que los trabajadores preserven sus trabajos y que las empresas vuelvan a ingresar al mercado", dijo vía Twitter la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.
Por otro lado, a pesar de la forma en que el COVID-19 está afectando al continente, por primera vez la Unión Europea entregó material médico a Irán usando el mecanismo de trueque Instex, creado en enero de 2019 por Bruselas para eludir las sanciones estadounidenses impuestas al país persa, para evitar el uso de dólares.