Solo faltó el cartel que dijera 'vivo o muerto' para completar la escena en la cual el Fiscal General estadounidense, William Barr, anunció este jueves 26 de marzo ante el mundo que tenían precios las cabezas del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello. Quince y 10 millones de dólares respectivamente.
El anuncio había sido anticipado por periodistas opositores venezolanos y medios estadounidenses, como CNN, desde tempranas horas del jueves, pero con un error: afirmaron que Estados Unidos (EEUU) declararía a Venezuela como Estado terrorista.
Las razones de la acusación fueron por narco-terrorismo, por querer "inundar" a EEUU con cocaína: según Barr, Venezuela envió entre 200 y 250 toneladas métricas a norteamerica. Se trató de una justificación sin sustento en los mismos datos estadounidenses: la misma Base de Datos Antidroga Consolidada Interagencial de EEUU da cuenta, por ejemplo, que por Guatemala pasan 1.400 toneladas métricas.
La acusación hacia el gobierno venezolano fue entonces ardid para justificar una recompensa millonaria que significa un punto de no retorno en el intento sostenido de EEUU por derrocar a Maduro.
El contexto
El señalamiento estadounidense como de película de Western ocurre en un contexto que tiene dos tiempos, conectados, que explican por qué la medida: el internacional y el nacional.
Ese avance ocurre en el marco de la lucha contra la pandemia del coronavirus, que ha puesto blanco sobre negro, la naturaleza criminal del bloqueo que EEUU, de manera abierta y reconocida, mantiene sobre Venezuela.
A ese reconocimiento se agrega que los aliados geopolíticos del gobierno venezolano, China, Rusia y Cuba, están "enfrentando exitosamente la pandemia", analiza Viloria, y que el gobierno cuenta con "apoyo de la Organización Mundial de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas, de la Cruz Roja, y crece su legitimidad, la demostración del carácter efectivo de su gobierno".
En el plano nacional, los acontecimientos también han sido favorables al gobierno. En el caso de la lucha contra la pandemia, la estrategia de cuarentena y detección temprana han permitido mantener números bajos en comparación con otros países de la región: 107 casos, 1 fallecido y 2.125 personas a las que se les debe hacerles pruebas urgentemente, según informó Maduro el jueves en la noche.
A ese elemento se suma otro más, que consolida la posición de Maduro: "el avance hacia un posible acuerdo con factores de oposición democráticos, dialogantes que reconocen a Maduro como gobernante y se oponen al bloqueo y el injerencismo".
Esa tendencia, que venía en proceso de consolidación, se hizo más amplia y sólida a partir de la lucha contra la pandemia, tomando en cuenta la situación de emergencia nacional y la necesidad de resolver la amenaza dejando de lado diferencias políticas.
De ese acuerdo "van quedando afuera solamente el ala más extremista, Guaidó, Voluntad Popular, Vente Venezuela, y en Primero Justicia un factor como Henrique Capriles plantea la posibilidad de que exista un acuerdo".
Los efectos de los millones
"Esto es un torpedo, un golpe duro al tablero para que todos esos movimientos que se iban dando favorables a Venezuela, al gobierno, se alteren, se interrumpan, tome otro rumbo, en el plano internacional y nacional", analiza Viloria.
Es también un intento de generar un quiebre o una traición interna motivada por el impacto psicológico generado por el anuncio, es decir el intento de mostrar la muchas veces anunciada "amenaza creíble" por parte de EEUU.
Por eso, luego del anuncio de Barr, se recordó por redes sociales, como parte de la operación mediática de "amenaza creíble", el caso de Manuel Antonio Noriega, presidente de Panamá, sobre el cual el gobierno estadounidense puso precio antes de la invasión de 1989 que produjo alrededor de 655 muertos panameños, tanto civiles como militares.
Junto con eso existe el posible efecto que busca generar la oferta económica anunciada: "La recompensa, que apunta, en el caso nuestro, a la política interna, a un nuevo intento de fracturar, quebrar la unidad interna, porque la plata ofrecida puede ser un anzuelo, una tentación para que factores militares, de los cuerpos de seguridad, puedan traicionar".
Por último, Viloria señala que la acción norteamericana podría también afectar a algunos sectores dialogantes de la oposición:
"Ahora no se trata solamente del reconocimiento del gobierno democrático y legítimo, en lo cual había un acuerdo, se trataría hoy en día de que estos factores de oposición, para salir a pronunciarse, tendrían prácticamente que asumir un discurso de defensa directa de Maduro ante una acusación de narcotráfico".
La operación frustrada
Viloria coloca todos los puntos de la secuencia de los últimos días para unirlos. En primer lugar, el día 23 de marzo fue capturado un vehículo con arsenal militar en Colombia. En segundo lugar, el 25, el gobierno venezolano, afirma que esas armas tenían como destino Venezuela para servir a un intento de golpe de Estado coordinado por el ex mayor general venezolano, Cliver Alcalá, prófugo en Colombia.
El objetivo, confesó, era "hacer una unidad militar que se conformó con la idea de libertar al país y eliminar quirúrgicamente los objetivos".
Según informaron Jorge Rodríguez, ministro de comunicación, y luego Maduro, Alcalá fue presionado por EEUU para realizar las operaciones y, en vista de su fracaso, fue incluido en la lista de los perseguidos por la justicia norteamericana.
"Guaidó se reunió con Alcalá y firmaron un contrato con el representante de la DEA y el gobierno de Iván Duque donde le daban plenas garantías. ¿Por qué EEUU lo tiró al pajón hoy? Porque fracasó, lo hicimos fracasar".
Alcalá denuncia que en el plan estaban Guaidó, que había firmado un contrato con asesores estadounidenses, y diferentes políticos venezolanos prófugos de la justicia, como Leopoldo López o Juan José Rendón.
"Dice con claridad que la operación fue desmontada, infiltrada, desarticulada, que hubo filtración de información por parte de los mismos factores de oposición que forman parte del 'gobierno interino'", analiza Viloria.
La amenaza
El nuevo paso dado con el precio sobre las cabezas de Maduro y Diosdado, así como la evidencia de una de las operaciones militares en marcha desde territorio colombiano, confirman que, en el marco de la pandemia de coronavirus, EEUU no solamente no quitará el bloqueo económico, sino que acelera el intento de derrocamiento.
Pero, no solamente el contexto les abre puertas para intentar nuevas acciones, sino que la misma situación de crisis económica que ya anuncia recesiones y está marcada por el desplome de los precios petroleros, acelera las necesidades de acceder a las reservas petroleras venezolanas.
Eso explica cómo en este momento EEUU anuncia públicamente que Maduro vale 15 millones de dólares y Cabello 10, es decir que abre las puertas para operaciones de intento de asesinato, extracción, acciones directas, tanto vía actores contratados, como de manera directa ya que están buscados por la justicia norteamericana por narcotráfico.
En ese escenario Maduro volvió a realizar un llamado de diálogo interno, tanto con quienes ha venido hablando, pero también con quienes se han negado: "Quiero diálogo, en las circunstancias que sea y a pesar de que ustedes quieran matarme".