La estatal Fundación Nacional del Indio (FUNAI) publicó recientemente medidas para prevenir los contagios, y entre ellas está la prohibición de que nadie entre en los territorios indígenas durante 30 días.
El Gobierno alega que esa "excepción" se da para intervenir en caso de que se detecte alguna emergencia sanitaria, pero diversos activistas creen que si los derechos de los pueblos no contactados fueran de verdad respetados y nadie invadiera sus tierras, no habría ningún peligro.
"De hecho, serían las personas más protegidas de la humanidad", dice la representante de Survival, recordando su aislamiento extremo.
La media de edad de estos indígenas es muy baja, y aunque el coronavirus ataca especialmente a los más ancianos, el sistema inmunológico más vulnerable hace que todos ellos estén potencialmente más expuestos al riesgo.
Autoprevención
Por el momento, Brasil tiene más de 2.200 casos confirmados de COVID-19 y 46 muertes a causa de la enfermedad, pero aún no se detectó ningún caso entre indígenas, y la región norte del país es la menos afectada.
A pesar de ello, el estado de Amazonas (norte), donde se concentra la mayor parte de las comunidades originarias, registró el 23 de marzo la primera muerte provocada por la COVID-19.
También se canceló el Campamento Tierra Libre, que la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) organiza cada mes de abril en Brasilia para reivindicar los derechos indígenas.
Diversos líderes indígenas expresaron en los últimos días el temor de que empiecen a producirse contagios y que los trabajadores de la FUNAI, que en los últimos años ha visto recortada enormemente su presupuesto, no tengan capacidad de reacción.
"La FUNAI ni siquiera consigue fiscalizar las invasiones en las tierras indígenas, así que pedimos que todos estén alerta", expresó al portal Amazonia Real la coordinadora de la Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (COIAB), Nara Baré, recordando que los profesionales del Gobierno que actúan en estas comunidades, no tienen la estructura clínica ni los medios necesarios para desempeñar su trabajo.
Una organización de trabajadores de la FUNAI, Indigenistas Asociados, también publicó un manifiesto avisando de que cualquier eventual contacto debería hacerse con gorros, gafas de protección, máscara quirúrgica, delantal y otros métodos de prevención.
"El apoyo de funcionarios sin equipos de protección individual significa poner sus vidas, las de sus familiares y las de los propios indígenas en riesgo", advirtió este grupo de trabajadores de la FUNAI.
La propia Secretaría Especial de Salud Indígena (SESI) del Gobierno recordó la semana pasada en un documento, que históricamente se observa una "mayor vulnerabilidad biológica de los pueblos indígenas a los virus, en especial a las infecciones respiratorias".
Según la Secretaría de Salud Indígena, las enfermedades del aparato respiratorio aún son la principal causa de mortalidad infantil entre esta población.
A finales de 2019, China informó de un brote de neumonía en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei (sudeste), causado por una nueva cepa de coronavirus llamada SARS-CoV-2.
En el mundo se han registrado 372.757 casos de COVID-19 y han fallecido 16.231 personas a causa de la enfermedad, de acuerdo al más reciente reporte de la Organización Mundial de la Salud, difundido el 24 de marzo.
