La otra cara de COVID-19: dependientes o cuidadoras, abandonadas y en peligro

COVID-19 se está cobrado otra víctima: los Servicios de autonomía personal y atención para personas dependientes (SAAD), aquellos por los que técnicos sanitarios o trabajadores sociales visitan en casa a personas con algún grado de minusvalía. Estos servicios son pagados por el Gobierno autonómico de Andalucía, pero coordinados por los entes locales o Ayuntamientos, que usan subcontratas con empresas. Obviamente, este tejido tan extenso no podía permanecer inmune a la situación actual de inestabilidad: en Andalucía se acaba de imponer un criterio de servicios mínimos para los dependientes. Para muchos, es una medida lógica por razones de fuerza mayor. Para otros, un abandono injustificado a quien más lo necesita.

La medida de reducir la respuesta a los dependientes tiene variaciones en función de la localidad, pero en general todos los casos coinciden en que no han tenido aviso previo. "Nos ha pillado por sorpresa, tenía que presentarse la asistente en casa y no vino nadie", nos cuenta un interlocutor que prefiere conservar el anonimato. Su madre tiene una discapacidad reconocida del 98% con una asistencia de nueve horas semanales, por ahora. Tras reclamar a la empresa que gestiona los servicios, esta familia ha conseguido una visita de una hora para esta semana. "En mi caso no es dramático, porque ahora que no estoy de viaje, trabajando, puedo ir a casa de mi madre a ayudar. Pero, ¿qué pasa con quien no tiene una red familiar de apoyo? En una situación como esta los servicios mínimos no son suficientes".

Su caso es uno de muchos en la región que se ha visto desprovisto de la visita. Ni siquiera ha tenido la posibilidad de buscar alternativa. Sputnik ha tratado de ponerse en contacto con la empresa concesionaria del servicio, pero esta ha rechazado hacer aclaraciones por la incomparecencia de sus trabajadores.

Rocío Ruiz, Consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, asegura en un comunicado que "mantendrá el abono del Servicio de Ayuda a Domicilio, aunque se lleve a cabo una reducción del mismo". A la vez, pide a Madrid una dotación económica específica para la provisión de personal ante el "previsible incremento de la intensidad del servicio". Una petición contradictoria cuando se han decretado servicios mínimos.

¿Quién cuida a los que cuidan?

Pero las respuestas de las administraciones responsables no despejan cuestiones muy importantes que están en la calle. ¿Quién cuida a los que cuidan? ¿Están seguras los y las trabajadores del SAAD para prevenir el contagio del COVID-19? Las evidencias nos muestran que no. En Sevilla, la suspensión cautelar del servicio se argumenta por la necesidad de crear un protocolo de actuación específico para los asistentes, trabajadores de elevado riesgo como transmisores del virus entre una población de riesgo.

Las asistentes trabajan en varias casas en un mismo día, no tienen uniformes ni material para prevenir el contagio y las personas a las que ayudan son, en su gran mayoría, mayores de 65 años (población de riesgo). Solo hay que echar un vistazo a las redes para constatar que alrededor de las 50.000 personas que trabajan en el sector de la Ayuda a Domicilio en Andalucía están inseguras.

Bajo el lema Cuidar a los que cuidan hay una extensa campaña de visibilización, reivindicando su derecho a ejercer servicios mínimos y denunciando tener que atender varios domicilios con una sola bata.

La falta de medios es otro de los temas recurrentes en las denuncias de las asistentes. Este 16 de marzo la localidad cordobesa de Baena suspendía totalmente el servicio por carecer la empresa concesionaria del servicio de mascarillas para sus empleados.

Ya el pasado 15 de marzo los dos principales sindicatos, CCOO y UGT, pidieron al Gobierno andaluz que "se garantice la seguridad de las trabajadoras de ayuda a domicilio que este día 16 tendrán que volver a su trabajo sin contar con los EPI [guantes de látex, batas, geles desinfectantes, mascarillas, etcétera] necesarios para poder desarrollarlo de forma segura". La consejera Rocío Ruiz alegó que responderán a esta carencia a través de la Consejería de Salud y Familias, pero esa medida ya llega tarde para cientos de asistentes y hogares dependientes.

La crisis del coronavirus ya está provocando la exclusión de gran parte de dependientes, lo que —dada las circunstancias— parece inevitable. Lo que no parece lógico, esgrimen, es que el servicio se preste sin garantías de seguridad para las asistentes ni para las personas dependientes. La precariedad, en este caso, solo ayuda a extender el contagio.