"La monarquía en España ha estado cubierta de opacidad e impunidad"

Sobre la supuesta fortuna del rey emérito Juan Carlos de Borbón se ha dicho y denunciado mucho, pero nunca se ha podido aclarar este tema porque la justicia española y el poder Legislativo de este país siempre se han opuesto a cualquier investigación.

Esta vez, diputados de diversos partidos políticos (nacionalistas, progresistas y de izquierda) vuelven a solicitar que una comisión investigue las finanzas del hombre que por casi 40 años fue el Rey de España y ostentó la jefatura del Estado.

Mientras en España piden aclaraciones, en Suiza, la fiscalía de ese país investiga la cuenta de un banco suizo con sede en Las Bahamas, paraíso fiscal, que está a nombre de una fundación, y que según presume la justicia de ese país, sería propiedad del rey emérito.

Según esta indagación, en 2008, esa cuenta había recibido una transferencia de 100 millones de dólares (unos 90 millones de euros) por parte del rey de Arabia Saudí, la misma cuenta desde donde el rey emérito, en 2012 presuntamente transfirió 65 millones de euros a su entonces amante, Corinna Larsen, tras haberse roto la cadera cuando cazaba elefantes junto a ella en Botsuana, al sur de África.

Enrique Santiago, secretario del Partido Comunista Español, diputado y reconocido abogado que en 2018 presentó una querella contra el rey emérito ante el Tribunal Supremo, conversa con Sputnik sobre todo lo que hay detrás de este caso.

—Es la tercera vez en dos años que, desde el Congreso de los Diputados, se intenta investigar las cuentas al rey emérito Juan Carlos de Borbón. ¿Por qué tanta insistencia en investigarlo? ¿Qué creen que se podrían encontrar?

Nosotros lo que creemos es que en un Estado democrático y de derecho no puede haber impunidad, y creemos que la inviolabilidad que se le asigna al rey emérito no puede ser impunidad. 

La inviolabilidad alcanza a actos de funciones de Estado, y esto, evidentemente, no tiene que ver con una función de Estado, es un supuesto de corrupción. Nosotros creemos queno puede haber nadie por encima de la ley. También nos parece muy lamentable que estos hechos, como el presunto cobro de comisiones ilegales, la utilización fraudulenta de recursos públicos y la defraudación de impuestos, se hayan producido en los años en los que a los españoles nos aplicaron unas políticas de ajuste brutales con recortes de servicios sociales, desahucios masivos, desempleo, bajada de los salarios. Entonces, es insultante que, simultáneamente, la gente más poderosa de este país estuviera enriqueciéndose con especulación y operaciones irregulares.

—En 2018, Izquierda Unida, el Partido Comunista y la Asociación Foro de Abogados de Izquierda también presentaron una querella ante el Tribunal Supremo para que se investigara al rey emérito por cohecho, delito contra la Hacienda Pública, administración desleal, fraude, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos. ¿Cómo se fraguaron estos delitos?

Desde hace muchos años se han ido publicando distintas denuncias sobre los negocios del rey emérito, el cobro de comisiones, y siempre aparecía muy vinculado a la monarquía saudí.

Por ejemplo, en un libro de José María Ruíz Mateos, un empresario ya fallecido, y que tuvo negocios con el rey, aparecen unas cartas en las que el rey, en los años 80, pide dinero a la monarquía saudí para la campaña electoral en España, cuando el rey no se presentaba a ninguna campaña electoral.

Luego, como parte de la investigación que se le hace al comisario José Manuel Villarejo, la Audiencia Nacional encuentra unas grabaciones de una conversación entre el comisario Villarejo y la ex amante del rey, Corinna Larsen. Allí se dice claramente que ese dinero, que se está investigando, procede de una comisión que cobró el rey emérito por el Ave a Arabia Saudí, por el contrato del tren de alta velocidad del Riad a La Meca, que se adjudicó a un consorcio de empresas españolas, entre ellas, OHL. Esta OHL es una de las grandes empresas de construcción, propiedad de un señor de apellido Villar Mir, que fue ministro durante La Transición, y que aparece en todos los casos de corrupción del Partido Popular.

Es una empresa que siempre aparece en la construcción del Ave en España en lugares donde no hay pasajeros, en la construcción de hasta seis aeropuertos que nunca se han inaugurado o pagando comisiones y sobornando a altos dirigentes del PP. Entonces, en esa conversación grabada entre Corinna, el comisario Villarejo y Juan Villalonga (el que fuera presidente de Telefónica nombrado por Aznar cuando se privatizó), Corinna dice que esas comisiones fueron por lo del Ave. Lo que no está claro es si fue un dinero que el empresario Villarmir (de OHL) le pagó al rey o si se lo pagó directamente la monarquía saudí. Eso no quedó claro en las grabaciones, porque ahí Corina dice que el rey estaba muy enfadado porque finalmente Villarmir no le había pagado lo que habían acordado.

—Si existen tantos elementos, ¿por qué en España no ha sido posible investigar las finanzas del rey emérito?

Todo lo que tiene que ver con la monarquía en España siempre ha estado cubierto por una gran capa de opacidad e impunidad. No hay que perder de vista que la monarquía en España fue una monarquía impuesta por el propio franquismo en la Ley de Sucesión y que nunca ha habido un pronunciamiento expreso de los españoles sobre la monarquía.

Es evidente que se ha ido construyendo un mito durante toda la Transición porque a la oligarquía de este país, obviamente le interesaba que en la pirámide jerárquica del Estado figurara una institución como la monarquía, impuesta por el franquismo, y no sometida a control democrático, y entonces se ha intentado siempre hacer un cinturón de seguridad en torno a la monarquía para tapar muchas actitudes cuestionables. Pero, hoy día es mucho más difícil por la facilidad de acceso a la comunicación, con la globalización de la información y con los mecanismos de cooperación judicial. Hoy es mucho más difícil mantener ese manto de opacidad y de impunidad. Lo que está ocurriendo, simplemente, es que se están empezando a poner en evidencia cuestiones que eran sospechadas, que aquí se habían tapado, pero que es muy difícil taparlas fuera de España.

—Precisamente, fuera de España es donde esta investigación empieza a tomar cuerpo. La justicia suiza investiga los movimientos de una cuenta en el banco Mirabaud, con sede en Las Bahamas, que, según ellos, pertenece al rey emérito y que habría recibido en el año 2018 una transferencia de 100 millones de dólares por parte del rey de Arabia Saudí. Esta investigación también ha permitido escuchar a Corinna, quien el pasado 19 de diciembre, dijo en un interrogatorio, que los 65 millones de euros que recibió del rey emérito fueron "un regalo no solicitado". ¿Cómo se entiende que sea la justicia suiza la que esté impulsando esta investigación que le compete a España?

Lo que ocurre es que se les está yendo de las manos. ¿Los suizos qué dicen?

"A nosotros lo que opinen del emérito en España nos tiene sin cuidado. Aquí en nuestro país puede ser delito y nosotros lo estamos investigando, y como lo estamos investigando y hay convenios de cooperación jurídica en materia penal, entonces nos tienen que proporcionar la información que pidamos". Entonces, lo que está ocurriendo es que lafiscalía suiza es la que está empujando a la Audiencia Nacional a que haga las diligencias que tal vez no tenga mucho interés en hacer, pero que no puede evitarlas porque de lo contrario estaría incumpliendo un convenio bilateral y, en el futuro, Suiza podría actuar en el mismo sentido.

—¿Cómo queda la justicia española con esta actuación de su par suiza?

La justicia española acostumbra a quedar muy mal cuando se trata de proteger los intereses colectivos. La justicia española siempre prioriza los intereses de las minorías poderosas.

—La propuesta de ERC, JxCAT, Más País, Compromís, BNG y, apoyada por Unidas Podemos, de crear una comisión para investigar al rey emérito ha provocado una tensión interna dentro del gobierno de coalición. Unos insisten en la necesidad de saber la verdad, mientras el PSOE insiste en que el Legislativo no puede controlar a otro poder del Estado. ¿Vale la pena seguir insistiendo en esta iniciativa, aunque se generen tensiones internas dentro de un gobierno de coalición recién constituido?

En España no existe ninguna norma que diga que el Legislativo no puede crear una comisión de investigación sobre otro poder del Estado.

En todo caso, lo que no puede es sancionar. Esto tiene que ver con la salud democrática de nuestro país, de la ética en los asuntos públicos y en que nadie debería estar por encima de la ley. Evidentemente, Unidas Podemos por sí solo no tiene la capacidad para garantizar esta transparencia en la vida política si otros partidos con importante representación en el Congreso se oponen. Ahora, desde mi punto de vista, este no es un asunto por el cual merezca la pena poner en crisis al gobierno de coalición, que tiene que trabajar por garantizar lo mejor para nuestro pueblo. Lo que es triste es que sea fuera de España donde se investigue algo que nos afecta directamente a nosotros.