Luego de tres gobiernos consecutivos del partido de izquierda Frente Amplio, Uruguay estrenó autoridades y con ellas nuevas directivas. Según la flamante ministra de Economía, Azucena Arbeleche, las premisas que guiarán su gestión serán "la libertad, la justicia social y la eficiencia". A partir de ellas generarán "equilibrios macroeconómicos", que se traduzcan en mejoras en "el bienestar de la población".
Uruguay logró mantener el crecimiento a pesar de un contexto internacional que en los últimos tres años fue desfavorable en términos de comercio. Las recesiones en sus vecinos Argentina y Brasil también pusieron a prueba su resiliencia, y si bien logró salir airoso, acumuló un déficit fiscal importante. El Gobierno atenderá este punto de forma prioritaria, a través de la creación de una regla fiscal.
Según aclaró Moya, tal regla existe pero refiere únicamente al endeudamiento y no al gasto. Lo que hará el Ejecutivo será implementarla en ambas direcciones. "Para incrementar el tope del endeudamiento, tiene que pedirle autorización al Parlamento y no es discrecional", aclaró el socio de la consultora Oikos, quien también se refirió a la posibilidad de un recorte en el gasto social.
"Creo que el miedo en cuanto a la reducción del gasto social está latente debido, sobre todo, al avance que ha tenido en los últimos gobiernos con esta agenda de derechos en la que el gobierno del Frente Amplio se ha basado y avanzado. Pero no está planteada la reducción, sí la eficiencia de ese gasto", agregó.
"La LUC es un trámite parlamentario muy atípico y dentro de ella se puedan resolver rápidamente grandes temas. Uno de ellos es el rol del Estado y de las empresas públicas en el ámbito económico. Esta busca la mayor eficiencia y una apertura de ellas al mundo o a los mercados. Una de las empresas estatales de mayor peso en la economía, es la productora de combustibles y en el documento se plantea la desmonopolización de esa actividad", explicó el analista.
