"La magistrada instructora de la sala civil y penal del Tribunal de Justicia de Cataluña (TSJC) dicta auto de procesamiento contra Josep Maria Jové y Lluís Salvadó por los delitos de desobediencia, prevaricación, malversación y revelación de secretos en relación a los preparativos del 1 de octubre de 2017", informó el alto tribunal catalán.
La magistrada instructora considera que el diputado de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) tuvo "una participación activa en la preparación del referéndum del día 1 de octubre de 2017 y en otros actos ilícitos para conseguir la correspondiente financiación".
Según el escrito, Jové autorizó determinados gastos públicos que se destinaron a la organización de la consulta y que ascendieron a los 2,1 millones de euros
Estos gastos "se realizaron o comprometieron con conocimiento y consentimiento del investigado" pese a saber que el referéndum había sido impugnado por el Tribunal Constitucional de España.
"Todos los gastos debieron ser indiciariamente supervisados por el Sr. Jové, tanto en su condición de coordinador del referéndum según sus propias anotaciones, como por ostentar el cargo de Secretario General del Departamento de Economía", recoge la juez.
También se encargó de obtener de forma "ilícita" los datos del censo de la población de Cataluña y del registro de catalanes en el exterior, con el fin de utilizarlos en el referéndum después de ser tratados.
El diputado independentista llegó a desviar dinero de 43 partidos presupuestarias destinadas a otros fines para pagar gastos relacionados con el referéndum como los de publicidad, según consta en la investigación.
"Efectivamente no parece que realizase ninguna actuación para impedir la celebración del referéndum suspendido ni para evitar sus preparativos sino que presuntamente continuó conscientemente con su cometido para que el referéndum pudiese ser celebrado", destaca el auto.
En el caso de Lluís Salvadó, antiguo secretario de Hacienda del Gobierno catalán, se dedicó al igual que Jové a planear las estructuras y la financiación para un hipotético escenario donde Cataluña sería un Estado independendiente.
Por los hechos del referéndum de 2017 permanecen encarcelados por condena del Tribunal Supremo español nueve políticos y dirigentes del movimiento independentista catalán, entre ellos la mayoría de miembros del antiguo Gobierno de Carles Puigdemont.
