"Las condiciones de reclusión continuaban siendo deficientes y se veían agravadas por la utilización generalizada de la detención en espera de juicio (…) Los derechos de colectivos en situación de vulnerabilidad, como las mujeres, las niñas y las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales [LGBTI], seguían amenazados.", señala la organización.
Amnistía considera que las medidas que tomó este país para aumentar la capacidad y mejorar las condiciones en las cárceles "no lograron los objetivos de rehabilitación y prevención del delito" previstos.
"En mayo, el 53% de la población reclusa eran delincuentes reincidentes, y la tasa de reclusión era de 315 por cada 100.000 habitantes, el doble del promedio mundial (…) Según la Fiscalía General de la Nación, el 44% de las personas recluidas estaban en espera de juicio a principios de 2019", relata la organización.
El 20 de febrero, Petit confirmó a Sputnik que al 30 de noviembre de 2019 se registraron 27 muertes violentas en las cárceles uruguayas.
La población penitenciaria de Uruguay era al 5 de febrero de 11.748 personas, de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Rehabilitación, lo que supone una tasa estimada de 357 presos cada 100.000 personas, una de las más altas de la región.
Vulnerables
El organismo registró que en Uruguay no existe ninguna política "antidiscriminatoria integral que protegiera a las personas LGBTI de la violencia en los colegios y en los espacios públicos".
El Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe afirma que Uruguay, junto a República Dominicana y Guyana, encabezan la lista de países de la región con mayor prevalencia de feminicidios en el marco de relaciones de pareja.
Según los datos oficiales, en 2019, cada 10 días se produjo un feminicidio o intento de feminicidio.
Amnistía informa, además, que el 55% de homicidios de mujeres ocurridos entre enero y junio fueron cometidos por sus parejas, exparejas o familiares.
Al igual que muchas organizaciones sociales locales, Amnistía critica que a pesar de que en Uruguay existe desde 2017 una ley que busca luchar contra la violencia de género, su aplicación no es óptima debido al escaso dinero que se le destina a su implementación, además de "las frecuentes sentencias judiciales contra la protección de las mujeres basadas en prejuicios clasistas y sexistas, y la inacción de la policía para dar seguimiento a los informes".
La organización también registró que en Uruguay, a pesar de que la interrupción voluntaria del embarazo está despenalizada desde 2012, persisten los obstáculos a causa de "la falta de regulación de la negativa a prestar servicios de aborto por motivos de conciencia por parte del personal médico y otros profesionales de la salud.
Intacta impunidad
Amnistía alertó también sobre la falta de acciones para buscar "justicia, la verdad y la reparación por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el antiguo régimen militar (entre 1973 y 1985) seguía siendo un motivo de preocupación sin resolver".
Además, la organización expresó preocupación por la falta de esclarecimiento de "la suerte de 163 de las 196 desapariciones forzadas reconocidas por las autoridades del Estado. Solamente se había encontrado a ocho de las 44 personas desaparecidas en el territorio uruguayo", debido a que la Corte Suprema de Justicia confirmó nuevamente que "los crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1973 y 1985 estaban sujetos a prescripción, lo que vulneraba el derecho internacional".
Amnistía Internacional es un movimiento global integrado por más de 8 millones de personas en más de 150 países y territorios que luchan en defensa de los derechos humanos.
