La necesidad de la presunción de inocencia en casos concretos y el acceso que se da a los medios a los procesos judiciales han sido puestos en duda en Chile a raíz de un polémico caso de venta de armamento.
Hasta ahora había cinco involucrados confirmados a los que se investigaba por la compra de un fusil de asalto AK-47 y un cargador de 36 balas. El 20 de febrero se produjo una nueva detención en el caso, y aunque los jueces dictaron que el proceso judicial debía mantenerse en secreto para resguardar los antecedentes de los investigados, los medios han revelado datos personales de estos.
Esto ha provocado un debate en torno al trato preferencial que reciben las personas de renta alta y con ideología afín a la dictadura.
El presidente de la Asociación de Fiscales, Claudio Uribe, se pronuncia en contra de que los jueces tengan la potestad de decidir que los procesos judiciales se lleven a cabo en secreto.
Así, Uribe se muestra crítico con los magistrados, quienes "entran en una área que no les corresponde, que es la política comunicacional que tiene cada medio de comunicación (…) Quedan en el filo de lo que podría ser censura previa y en un estado democrático la transparencia debe ser total".
Por su parte, la presidenta de la Asociación de Magistrados, Soledad Piñeiro, defiende que los jueces gocen de la capacidad de bloquear el acceso de los medios a los procedimientos judiciales. Y lo hace apelando a la presunción de inocencia.
"La presunción de inocencia es una garantía. (…) La persona debe ser tratada como inocente. Por eso, en todas las causas debiera estar protegida la identidad del imputado", según Piñeiro.
El Gobierno chileno también ha realizado declaraciones al respecto del caso. El hecho de que no se querellara por la Ley de Seguridad del Estado resultó sorprendente.
"En este caso en particular, la información que tenemos es que la Fiscalía ha declarado secreta la investigación y, por lo tanto, que nosotros podamos querellarnos todavía no es una posibilidad cierta dada la falta de antecedentes (…) Por supuesto que si tenemos los antecedentes públicos que ameriten una querella por Ley de Seguridad Interior del Estado con un hecho como este, la vamos a utilizar", aclaraba Karla Rubilar, ministra Secretaria General del Gobierno.
