Esta operación involucra a "policías civiles de 12 estados y a agencias de aplicación de la ley de Colombia, EEUU, Paraguay y Panamá", informó el Ministerio de Justicia en un comunicado.
Los estados brasileños donde se está realizando la operación son Alagoas, Ceará y Piauí (noreste); Acre (norte); Río de Janeiro y Sao Paulo (sureste); Goiás, Mato Grosso y Mato Grosso do Sul (centro y centro-oeste) y Rio Grande do Sul y Santa Catarina (sur).
La Policía lleva a cabo 112 mandatos de búsqueda y aprehensión de archivos con contenido relacionado con delitos de explotación sexual practicados contra niños y adolescentes.
En Brasil, la pena para quien almacena ese tipo de contenido varía de uno a cuatro años de prisión, de tres a seis años para quien lo comparte y de cuatro a ocho años para quien produce el contenido.