Hace unas semanas, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, tuvo un encuentro de madrugada, en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, con la mandataria venezolana Delcy Rodríguez, lo que algunos medios lo han calificado como el Caso Delcy o el Delcygate. La polémica se ha desatado tras recordar la sanción de la Unión Europea, en la que se veta su entrada en espacio Schengen,—y en consecuencia también en territorio español—, junto a 24 personas más relacionadas con el gobierno de Nicolás Maduro.
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha sido el primero que ha formulado en el control del Congreso del 12 de febrero la cuestión que está en boca de todos: "¿Se reunió el señor Ábalos, con la vicepresidenta de Venezuela, Doña Delcy Rodríguez, por instrucciones expresas del presidente del Gobierno?"
A la pregunta de Abascal, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha contestado que "Ábalos evitó una crisis diplomática" y que "la ultraderecha se hace pasar por amigo de Venezuela cuando estigmatizan a los inmigrantes y dicen que son los principales causantes de todos los males de la sociedad española".
"No hubo ninguna reunión formal, ni había ningún interés ni tema que tratar. Yo no soy nadie para llevar temas de ese calado", afirmó Ábalos.
Ante las críticas del ministro por el polémico encuentro en Madrid, apoyadas principalmente por el Partido Popular (PP), Vox y Ciudadanos, Ábalos ha explicado que la Unión Europea "no impone una orden de arresto" como confirman algunos parlamentarios, sino que se trata de "una restricción" y que por tanto Rodríguez no tiene prohibido sobrevolar el espacio Schengen sino el tránsito por los estados miembros.
Asimismo, el ministro español defendió la postura del Gobierno de España para llevar a cabo "una solución pacífica, política y negociada" que conduzca a la celebración de elecciones presidenciales en el país. "Traté de hacer compatible la prohibición de Europa y salvaguardar las relaciones internacionales", añadió.
Por su parte, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, defiende a España ante la Eurocámara y pide que la Comisión Europea no inicie un procedimiento de infracción contra España por este asunto, pues es "es responsabilidad de cada Estado investigar posibles violaciones de las sanciones impuestas por la UE".
