El secretario de Seguridad Pública bahiano, Maurício Barbosa, explicó en una entrevista con TV Bahía que en "un plazo de 15 días" se concluirá una investigación "tanto sobre la operación en sí" como por los delitos que Nóbrega, natural de Río de Janeiro y miembro de una milicia ilegal, habría cometido en su estancia en Bahía, sobre todo lavado de dinero.
Estaba prófugo de la justicia desde enero de 2019 y fue abatido por la policía en una operación conjunta que las fuerzas de seguridad de Bahía y de Río de Janeiro realizaron en una finca rural de la localidad de Esplanada la mañana del 9 de febrero.
Según las autoridades, el objetivo era detenerlo, pero el prófugo reaccionó disparando y finalmente fue abatido por los policías.
Su muerte despertó recelos; varias personas cercanas al caso Marielle Franco hablaron de un posible caso de "quema de archivo"; cuando se asesina a alguien que puede tener informaciones comprometedoras, en este caso sobre quiénes habrían ordenado matar a la concejala carioca.
El abogado de Nóbrega, Paulo Emilio Catta Preta, afirmó al diario Estado de Sao Paulo que su cliente "tenía claro que irían por él no para detenerlo, sino para matarlo".
El integrante de la milicia parapolicial estaba escondido en una finca que es propiedad de Gilson Lima, un concejal que pertenece al Partido Social Liberal (PSL), la misma formación a la que hasta hace poco pertenecían el presidente Bolsonaro y sus hijos.
Este no es el único nexo entre Nóbrega y la familia Bolsonaro: el ahora fallecido fue homenajeado por su papel como policía entre 2003 y 2005 en la Asamblea Legislativa del Estado de Río de Janeiro (Alerj) por iniciativa del entonces diputado estadual Flávio Bolsonaro, hijo del actual presidente.
Además, Flávio Bolsonaro contrató como asesores parlamentarios a varios familiares de Nóbrega, como su madre y su esposa, con la que trabajó más de 10 años.
Además de estar vinculado a la milicia que presuntamente tiene relación con el asesinato de Franco, Nóbrega también habría sido uno de los beneficiarios del esquema de donaciones irregulares implantando en el gabinete de Flávio Bolsonaro en la Asamblea de Río.
Franco, una destacada activista en defensa de los Derechos Humanos, fue asesinada de varios tiros en la cabeza en Río de Janeiro en marzo de 2018, junto con Anderson Gomes, el conductor del vehículo en el que viajaba.
Los dos presuntos autores materiales del crimen, los expolicías Élcio de Queiroz y Ronnie Lessa, fueron detenidos en marzo de 2019 y siguen presos, pero hasta ahora no hay avances en la investigación que trata de averiguar quién mandó matar a la concejala y por qué.
