"Hay un consenso en casi todo menos en el tema de justicia: la negociación se traba porque los responsables de crímenes de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos quieren pedir perdón y ya, no quieren ir a prisión por sus actos", dijo a Sputnik Pérez, director de la Fundación Comunicándonos.
Esa Fundación es una institución civil integrada por medios de comunicación social.
La Asamblea Legislativa (Parlamento) de El Salvador tiene que aprobar antes del próximo 28 de febrero una nueva normativa que sustituya la Ley de Amnistía de 1993, declarada inconstitucional en 2016, para que garantice verdad, justicia transicional, reparación de las víctimas y garantías de que no se repetirán los crímenes de la guerra.
De hecho, ya fue rechazada una propuesta impulsada por el diputado derechista Rodolfo Parker, señalado por la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas por intentar encubrir a los autores de la masacre de seis jesuitas españoles y dos asistentes salvadoreñas en 1989.
La derecha parlamentaria promovió entonces un foro para escuchar a víctimas de la guerra, en teoría para recolectar insumos que enriquezcan un proyecto de Ley de Reconciliación que estaría listo para la próxima semana.
"Estas consultas reflejan la presión que recibe la Asamblea de la Sala de lo Constitucional, los organismos internacionales y la sociedad civil, pero los partidos de derecha convocaron a víctimas de la guerrilla para demostrar que no solo la Fuerza Armada cometió atropellos, y para coaccionar a los diputados de izquierda", estimó Pérez.
El activista advirtió que los comités de víctimas exigirán el veto presidencial si la propuesta resultante no recoge los elementos centrales de verdad, justicia, reparación y no repetición.
Varias investigaciones señalan que la guerra civil en El Salvador dejó unos 75.000 muertos y desaparecidos, y graves violaciones de los derechos humanos perpetrados tanto por los llamados Escuadrones de la Muerte, como por el Ejército y la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.
