"Si el 28 de febrero de 2020 no hay una ley que les garantice a las víctimas del conflicto armado (1980-1992) justicia, verdad, reparación y no repetición, vamos a demandar a los diputados para que sean procesados penalmente", adelantó a Sputnik Cuéllar, uno de los impulsores de la demanda que propició la revocación de la Ley de Amnistía de 1993.
Cuéllar valoró la resolución emitida el 4 de diciembre por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la cual avaló una prórroga para que la Asamblea Legislativa presente, a más tardar el 28 de febrero próximo, una normativa que sustituya la referida Ley de Amnistía, declarada inconstitucional en junio de 2016.
Tras declarar inconstitucional la amnistía, la Sala había ordenado que la nueva ley estuviera lista en julio pasado, y entonces aprobó una primera prórroga que venció en noviembre último.
Ante la falta de consenso en el Legislativo, Cuéllar y el abogado Pedro Martínez solicitaron el pasado 16 de octubre otra prórroga, lo cual hicieron también los parlamentarios un mes más tarde, a pocas horas de expirar el plazo dado en julio por la Sala.
"Ya no habrá una próxima vez, si no cumplen, entonces los demandantes acudiremos a la Fiscalía para que los diputados y diputadas sean procesados", reiteró Cuéllar, quien afirmó que las víctimas del conflicto no fueron debidamente escuchadas aún.
De hecho, advirtió que las organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles que dicen representar a las víctimas, en lugar de ayudarlas les roban voz y protagonismo.
"Dicen que las víctimas no manejan los términos técnicos, pero eso no les corresponde a ellas: las víctimas tienen muchas cosas que decir y demandan ser oídas, y que los diputados luego traduzcan esas denuncias en medidas y acciones", insistió Cuéllar.
Este tema también dividió a la Asamblea Legislativa entre una ultraderecha que fracasó en su intento de pasar una ley que garantizara impunidad, y un bloque mixto que defienden una normativa más centrada en los intereses de las víctimas.
