Sputnik conversó con el especialista para indagar más sobre los principales obstáculos que deberá superar la mandataria en su carrera al poder en Bolivia.
— La presidenta transitoria de Bolivia, Jeanine Áñez, anunció que se presentará como candidata en las elecciones generales del 3 de mayo, rompiendo su promesa de no buscar la presidencia en las urnas. Desde el punto de vista de la constitución boliviana ¿tiene la señora Áñez el derecho a postularse a la Presidencia boliviana?
Bien, esa decisión en la perspectiva de lo que señala la Constitución política del Estado enfrenta lo que dice el Artículo 238 inciso 3 que esta reelección sin renunciar a los mandatos está establecida puntualmente y lo dice el texto de la Constitución para personas elegidas, electas al cargo de presidente y vicepresidente. Sin embargo, esta decisión con absoluta seguridad se toma en función de una resolución emitida por el Tribunal Constitucional de Bolivia que señaló en ocasión de la aprobación del fallo que habilitó al señor Evo Morales que la reelección para las autoridades electas y que no deban renunciar a sus cargos comprende y se extiende a todos aquellos funcionarios: alcaldes, gobernadores, diputados, diputadas, senadores, etc.
— ¿En su opinión, por qué Áñez decidió al fin y al cabo postularse a la Presidencia a pesar de sus promesas anteriores?
Lo que yo he venido sosteniendo en diversos medios, esta respuesta tiene dos perspectivas: primero, que esto termina el período de transición e inicia un esquema de poder hegemónico, inmediato, conservador y vinculado a sectores de poder externos. Con ello lo que quiero decir es que esto responde a un guion planificado, diseñado y redactado de antemano que en su primera etapa significaba mover al presidente del Estado por una vía que no era la constitucional, reemplazarlo y tomar los principales órganos de Estado e instrumentos de poder político, por ejemplo, presencia en el órgano electoral, presencia e influencia directa sobre el Tribunal Constitucional, control de la Justicia del Estado, acoplamiento de las instituciones armadas —Policía Nacional, Fuerzas Militares—, capacidad de movilización de las mismas para poder enfrentar a los movimientos sociales movilizados y lograr su repliegue e insertar en la sociedad el factor del temor y del miedo para lograr la tranquilidad.
— ¿Cuál cree que es el papel actual de las Fuerzas Armadas y de la Policía en este Gobierno?
Distintos autores, entre ellos Manuel Castel, que es un conocido politólogo español, señalan que lo que en Bolivia ha sucedido técnicamente, no de manera general, es un golpe de Estado, donde la presencia de los militares configura lo que se denomina un militarismo que incide sobre el poder político. Habiéndolo insinuado el sector de las Fuerzas Armadas de Bolivia con su comando general el 10 de noviembre del año pasado la renuncia del presidente de la República han realizado algo que está prohibido en la Constitución política del Estado, y que señala que las Fuerzas Armadas no deliberan y se someten al poder político civil.
El primero de ellos, es que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es quien coloca la banda presidencial a la presidenta entrante. El segundo, es una constante militarización de las ciudades en funciones de planes de seguridad que se mencionan. El tercero, que está dentro del discurso que dio la presidenta, es una militarización para el proceso electoral antes, durante y después. Esto significa que se van a militarizar los recintos electorales seguramente y los de la zona rural posiblemente.
— La postulación de Áñez aumenta la dispersión electoral de los partidos conservadores contrarios al Movimiento Al Socialismo (MAS). ¿Cómo influye esto en el proceso electoral?
El proceso electoral ya está en lo que hace al electorado de la centro-derecha que es un 50% del país en este momento y la candidatura de la señora Áñez lo que va a lograr es profundizar esta dispersión. En esta lógica no cambia el panorama de una manera preocupante para este sector. Lo que hay que analizar de forma detallada y minuciosa es que la candidatura de la señora Áñez incide directamente de forma transversal sobre los distintos órganos y sectores del poder del Estado.
Más allá del electorado disperso, lo preocupante es el desequilibrio y la ausencia de transparencia que se acaba de instalar respecto al proceso electoral.