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El Gobierno de Guatemala oficializa creación de la comisión presidencial contra corrupción

© REUTERS / Luis EcheverriaBandera de Guatemala
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SAN SALVADOR (Sputnik) — El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, oficializó el establecimiento de una comisión dependiente del Poder Ejecutivo para enfrentar la corrupción en instancias estatales, con un plazo de cuatro años a partir de su firma.

"La corrupción genera un gran impacto en la gestión pública y derivado de los compromisos en la lucha contra la corrupción se establece la creación de la dependencia interna encargada de la ejecución del mismo", refiere al decreto constitutivo 28-2020, firmado por Giammattei y recién publicado en el Diario Oficial de la República.

Entre las atribuciones de esta Comisión Presidencial, destaca la creación de políticas y mecanismos para detectar actos de corrupción, así como la recomendación de leyes y reglamentos, promover proyectos y programas de asistencia técnica y otros instrumentos para enfrentar esta problemática.

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La Comisión, que se reunirá trimestralmente y en sesiones extraordinarias de ser preciso, está habilitada para recibir aportes y donaciones de organismos internacionales y nacionales, aunque no recibirá fondos de instituciones investigadas por corrupción.

Giammattei anunció en su discurso de toma de posesión, el pasado 14 de enero, la creación de esta suerte de sucesión de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), instalada hace 13 años por Naciones Unidas y cuyo mandato no renovó el expresidente Jimmy Morales (2016-2020), por considerarla "injerencista".

"Los corruptos deben ser castigados. No serán impunes. Pero sobre todo, recuperemos el dinero que nos han robado", expresó Giammattei tras ser investido en el centro cultural Miguel Ángel Asturias, donde se comprometió a perseguir "la maldita y asquerosa corrupción" y a gobernar con honestidad.

La mencionada Cicig se despidió del país en septiembre de 2019 con un informe titulado 'Guatemala: un Estado capturado', en el cual señaló que las redes político-económicas ilícitas aún controlan al sistema público, al punto de hacerlo estructuralmente corrupto.

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