"Se viene una mayor criminalización de la lucha social, más judicialización, persecución y represión de las movilizaciones… Con Giammattei el panorama para la sociedad guatemalteca, especialmente para los pueblos en lucha, es nefasto", dijo a Sputnik López, un referente en el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP).
Para él también representante del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), el nuevo jefe de Estado tiene antecedentes que permiten vislumbrar el derrotero de su mandato, y genera expectativas "bastante negativas".
Giammattei será finalmente investido como presidente luego de dos décadas en busca de la presidencia con diferentes fuerzas políticas, todas de derecha, y tras derrotar a la socialdemócrata Sandra Torres en el balotaje de agosto último.
El luchador social aludió a la Operación Pavo Real, un operativo ordenado por el ahora mandatario en septiembre de 2006, cuando dirigía el sistema penal de Guatemala, que culminó con la ejecución extrajudicial de varios reos de la cárcel de Pavón.
Giammattei fue acusado y tras un infructuoso intento de escapar a Honduras, pasó 10 meses en prisión, pero en mayo de 2011 fue finalmente absuelto por falta de pruebas.
López señaló que el ganador de las presidenciales está vinculado a una clase política corrupta que promueve la impunidad y la corrupción en el Estado, y destacó sus lazos con las iglesias evangélicas que replican ideologías "imperialistas" de EEUU.
Además, el también representante del campesinado guatemalteco reiteró el apoyo confeso de Giammattei a la minería, monocultivos como la palma africana y la caña de azúcar, así como su intención de romper con el gobierno democráticamente electo de Venezuela y su alineación con otros gobiernos de derecha.
Ante este panorama, López reiteró el reclamo del Codeca y el MLP, de instaurar una asamblea constituyente popular y plurinacional, que atienda y responda a las grandes demandas sociales.
Giammattei ganó la presidencia con el partido "Vamos por una Guatemala Diferente", y este 14 de enero iniciará un mandato de cuatro años con grandes desafíos económicos, sociales y temas candentes como la violencia y la migración.