"Se acordó un programa común binacional para reducir el tráfico de armas, drogas y recursos financieros de las redes de delincuencia transnacional, en tierra, mar, puertos y aeropuertos, entendiendo al crimen organizado como entes económicos cuyas finanzas deben ser atacadas y tratar al fentanilo (opiode) como un problema común", en la reunión de seguimiento a la visita anterior de Barr celebrada el 5 de diciembre del año pasado, informó en un comunicado la cancillería.
El encuentro se llevó a cabo de manera "cordial y respetuosa", para abordar los distintos "avances en materia de tráfico de armas", que es un tema central para el Gobierno de México, que estima en unas 200.000 las armas que entran ilegalmente cada año a este país.
Asimismo, abordaron la cooperación binacional en materia de reducción del consumo de drogas y combate a las adicciones, dice el reporte oficial.
El Gobierno de México refrendó ante la delegación encabezada por Barr "su compromiso con el diálogo y la cooperación para enfrentar de manera conjunta problemas complejos que, por su carácter transnacional, solo pueden ser resueltos exitosamente de manera conjunta".
El pedido de aplicar la designación de "terroristas" a los narcotraficantes fue hecho por las familias mexicano-estadounidenses LeBarón y Langford, que fueron atacadas a principios de noviembre pasado cerca de sus propiedades en las montañas de Sonora, donde fueron asesinadas tres mujeres y seis niños.
Barr llegó acompañado por el embajador estadounidense, Christopher Landau; el subprocurador general asistente, Bruce Swartz; el ministro consejero de la embajada, John Creamer; el coordinador de asesores del fiscal general, Brian Rabbitt y el agregado jurídico de la embajada, John Capinen.
Asimismo, asistieron el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, el procurador fiscal federal Carlos Romero y el titular del Centro Nacional de Inteligencia, Francisco Acuña Méndez, entre otros altos funcionarios.
