"Le he dicho que actúe con absoluta independencia y que garantice el estricto cumplimiento de la legalidad democrática", dijo Sánchez sobre la polémica propuesta.
Delgado se quedó fuera del reparto de carteras ministeriales después de que Sánchez recibiera el visto bueno del Congreso de los Diputados para formar un nuevo Gobierno tras los comicios del pasado 10 de noviembre.
Sin embargo, una vez confirmado que Delgado no repetirá como ministra, el Gobierno decidió proponerla como nueva fiscal general del Estado.
La propuesta fue recibida con indignación por parte de algunos partidos de la oposición e incluso por distintas asociaciones de fiscales.
Pablo Casado, líder del Partido Popular —la primera fuerza de la oposición— afirmó que el nombramiento "ataca directamente a la separación de poderes" y que convierte a la fiscal general en una "ministra más" del Gobierno.
Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales —la mayoritaria del sector, de inclinación conservadora— afirmó que el movimiento pretende que el Ministerio Público esté "sometido" a la voluntad del Gobierno.
La elección de Delgado como fiscal general del Estado llega en un momento muy delicado, ya que el Ministerio Público deberá tomar parte en los próximos meses en distintos procedimientos relacionados con el conflicto catalán, todo ello en un momento en el que Sánchez aboga por "dejar atrás la vía judicial" para abordar la crisis territorial desde el ámbito político.
Antes de ser ministra Dolores Delgado era conocida en España por su labor en la Audiencia Nacional, donde durante años se desempeñó como fiscal antiterrorista, especializada sobre todo en cuestiones relacionadas con el yihadismo.
"Si uno mira su currículum es impecable. Está totalmente acreditada para el cargo", dijo Sánchez este 14 de enero tras la primera reunión de su nuevo Consejo de Ministros.
La propuesta de designación de Delgado deberá ser debatida por el Consejo General del Poder Judicial y por la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, que trasladarán al Gobierno su opinión sobre la idoneidad del nombramiento antes de que éste sea remitido al Rey para su aprobación.