Chile es reconocido internacionalmente por ser uno de los países más afectados por el cambio climático. Además, las zonas centro y sur del país arrastran desde hace decenios una tendencia a la disminución de las precipitaciones de hasta un 7% por década en algunos puntos.
También de la mercantilización de las aguas, que tiene como protagonistas a las agrícolas de la zona y al Estado, que ha hecho la vista gorda sobre el asunto y no ha cambiado la legislación que regula los usos y derechos de las aguas. Aunque cueste creer, en Chile hay mujeres que tuvieron que desacostumbrarse a usar lavadoras (y volver a lavar la ropa a mano) porque en su casa no sale agua por los grifos. Ellas (y casi medio millón de personas) habitan las zonas aledañas a las plantaciones de aguacates y cítricos, viven en las tierras que han secado en pos de enverdecer los frutos.
La gente se suicida para no ver cómo se seca su agricultura familiar o muere su ganado, pero igual el Senado rechaza consagrar constitucionalmente el AGUA como bien de uso público. En serio no miden el dolor del Chile rural, ese del q se acuerdan solo en septiembre.. tristeza
— Diego Ibáñez Cotroneo (@diego_ibanezc) January 8, 2020
A pesar de la situación, el 7 de enero el Senado rechazó consagrar el agua como bien de uso público en la Constitución. Según publicó en un comunicado oficial su página web, el tema quedará pendiente y de acuerdo a los legisladores opositores, se buscará reponer en el debate de la Convención Constituyente donde se reescribirá la Carta Fundamental.
Greenpeace considera que para eliminar las desigualdades e injusticias sociales que afectan el país "es fundamental una nueva Constitución que priorice los derechos ambientales que han sido vulnerados una y otra vez desde hace décadas. Debemos dejar atrás una Carta Magna que no fue diseñada para evitar los abusos a nuestro medio ambiente y crear una nueva Constitución que lo proteja".
El agua en la Constitución chilena
Chile tiene un modelo de aguas único en el mundo. En agosto de 1981, durante la dictadura de Augusto Pinochet, se aprobó el Código de Aguas, que en su artículo 5 establece que el recurso es un "bien nacional de uso público", pero que su "derecho de aprovechamiento" es privado.
El Código de Aguas chileno es considerado un "ejemplo paradigmático de reforma del libre mercado" en el mundo. Establece la protección al derecho de propiedad privada "más fuerte en el mundo", sin posibilidad de que el Gobierno interfiera con mecanismos regulatorios, escribió el ingeniero agrónomo chileno Eduardo Baeza Gómez en un informe que presentó sobre el tema ante el Congreso Nacional en 2018.
