"El presidente Nicolás Maduro ha mandado a tomar, a estudiar, distintas vías jurídicas internacional(es) para enfrentar con otros países que sufren sanciones, como Cuba (…), Irán, países en África, Nicaragua y otros; vamos a enfrentar en conjunto" a EEUU, anunció el ministro venezolano en declaraciones a la prensa ofrecidas desde la sede de la Cancillería en Caracas.
El funcionario indicó que los países sancionados por Washington tienen previsto demostrar "no solo el carácter ilegal sino criminal de los bloqueos y estas medidas unilaterales".
En tal sentido, destacó que en el texto el Departamento de Estado de esa nación reconoce que las sanciones afectan a la población venezolana, y no solo a los funcionarios como afirmaba antes.
"Dice el Gobierno de los Estados Unidos, en este documento que circuló en todas las cancillerías para que fuese asimilado y firmado luego como un comunicado: "estamos haciendo todo lo que podemos hacer para mitigar el impacto que nuestras sanciones tienen sobre el pueblo venezolano"; están reconociendo entonces el impacto que sus sanciones (…) tienen sobre el pueblo venezolano, es una confesión", sostuvo.
Este tipo de medidas, afirmó Arreaza, no solo violan el derecho internacional, y están "haciendo sufrir al pueblo venezolano", sino que también constituyen un delito de lesa humanidad.
"Es más, sepan ustedes que esas medidas coercitivas unilaterales que son absolutamente ilegales y arbitrarias son incluso consideradas delitos de lesa humanidad", añadió.
Este país caribeño afronta desde mediados de 2015 una crisis de abastecimiento de alimentos y medicamentos; tras el agravamiento de esta situación entre 2017 y 2019, se desarrolló el Plan de Respuesta Humanitaria de Venezuela, que solo ha recibido 33,6% de los fondos necesarios, según ha revelado la ONU.
De acuerdo con la Oficina da Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, la Unión Europea, Estados Unidos, el Fondo Central de Emergencias, Suecia, Reino Unido, Italia, Suiza, Noruega, Canadá, Alemania, Austria, España, Francia y Luxemburgo, han aportado solo $74,7 millones de los $223 millones necesarios para paliar la crisis que atraviesa el país sudamericano.
