El lenguaje incluyente en México: más allá del género

"No se trata de modificar solo el lenguaje, sino finalmente de cómo vemos a las otras personas y de cómo nos relacionamos con ellas; es toda una manera de pensamiento, que finalmente se tiene que traducir en el lenguaje, pero no solamente en eso y va más allá del género", dijo a Sputnik la directora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Rocío Culebro.

El problema de la desigualdad de género puede ser más agudo en un país donde el machismo es una conducta muy acendrada y los feminicidios al alza son una muestra de que puede ser letal, dijo la activista, con más de tres décadas en la defensa de víctimas de abusos de toda índole, entre ellas la violencia de género.

Por ejemplo, el "Código de Ética de las personas servidoras públicas del Gobierno federal" fue publicado el 6 de febrero de 2019.

Ese ordenamiento jurídico establece no solo la necesidad de usar un lenguaje que permita "visibilizar a ambos sexos", sino también "eliminar el lenguaje discriminatorio basado en cualquier estereotipo".

No obstante, hay algunos en México que cuestionan el llamado lenguaje incluyente, como la filóloga Concepción Company, quien expresó sus reparos en un foro de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (oeste) celebrada a comienzos de diciembre de 2019.

Company lo consideró "artificial y peligroso", y sostuvo que "lo único que hace es opacar problemas de fondo como la discriminación".

La filóloga argumentó que, por ejemplo, el uso de las X o del signo arroba (@) en vez de las vocales que denotan género, no basta para superar otras barreras del lenguaje.

En tanto, Culebro dijo a Sputnik que el esfuerzo por cambiar actitudes "debe reflejarse, no solo en instrucciones sobre el lenguaje, sino en presupuestos para políticas públicas, de salud, de seguridad, cultural... en todos los ámbitos".

Las exigencias alcanzan a los gobiernos, para que apliquen "leyes que ayuden a las campañas, para modificar esta manera de pensar que discrimina".

Redes de organizaciones sociales mexicanas, como la red Todos los Derechos para Todos y Todas, que aglutina a decenas de las más antiguas de todo el país, exigen eliminar de la vida pública todas aquellas expresiones que afecten la dignidad de las personas, no solo de mujeres, sino de todo tipo de grupos vulnerables.

Más allá del género

Pero no solo las mujeres son las discriminadas, sino también indígenas y la población más pobre, según la defensora de derechos humanos.

El propósito de organizaciones civiles que establecieron la fórmula "todas y todos" no es solo de estandarizar la fórmula de "mexicanos y mexicanas" que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha vuelto común en sus discursos.

La activista indica que también se persigue erradicar muchas otras formas de exclusión que afectan, por ejemplo, a los discapacitados; a los indígenas; a las trabajadoras sexuales y empleadas domésticas.

Por ejemplo, una Guía para el Uso de Lenguaje Inclusivo, publicada por el Gobierno de la Ciudad de México, que por primera vez encabeza una mujer elegida, Claudia Sheinbaum, propone que se eviten el uso de palabras despectivas muy utilizadas en el lenguaje coloquial.

Entre ellas descarta "rucos" para aludir a los ancianos, y propone utilizar "personas adultos mayores"; y también condena "putos", referida a los homosexuales.

Los términos propuestos son "mujeres lesbianas, personas gay, personas travestis o personas intersexuales".

Propone también eliminar del lenguaje oficial palabras como "chavitos" para referirse a los niños o adolescentes.

Culebro advirtió que este uso del lenguaje no discriminatorio debe ser "cuidadoso", para evitar extremos y la tentación de establecer nuevas barreras en un contexto de mucha violencia.

Los "homicidios dolosos" de mujeres fueron 2.564 en 11 meses de 2019, comparado con 1.735 en 2015, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Pero solo 890 asesinatos de mujeres se investigan como "feminicidios" por la justicia, más del doble comparado con los 411 casos de hace cuatro años, según el organismo del Estado mexicano.