Pedro Sánchez, actual presidente del Gobierno en funciones, acumuló este año varias derrotas parlamentarias que le impidieron asentarse en el Palacio de la Moncloa con plenos poderes.
La complicada amalgama de fuerzas progresistas, regionalistas e independentistas que auparon a Sánchez al poder en 2018 se resquebrajó por el rechazo de los soberanistas catalanes a apoyar los presupuestos mientras sus líderes eran juzgados en el Tribunal Supremo.
Ante este escenario, Sánchez llamó a un adelanto electoral —celebrado el 28 de abril— en el que su partido (PSOE) se afianzó como la primera fuerza política tras una campaña de guante blanco entre las formaciones de izquierdas, que dejaron de confrontar entre ellas para movilizar al electorado ante la ultraderecha.
España había sido hasta 2019 uno de los pocos países europeos libres de ultraderecha, pero eso cambió con la irrupción de Vox —formación antinmigración que entre otras cosas aboga por eliminar leyes contra la violencia de género— en las elecciones generales de abril, el auge de Vox se contuvo por debajo de lo que pronosticaban las encuestas, aunque eso no impidió su entrada en el Congreso.
Esa ausencia de mayorías, normal en otros países, es una anomalía en España, que en más de cuatro décadas de democracia no conoció nunca un Gobierno de coalición.
La falta de cultura pactista se hizo patente tras las elecciones. Sánchez logró llegar a acuerdos con otros partidos y en junio recibió su segunda gran derrota parlamentaria del año: el Congreso de los Diputados rechazó su investidura.
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— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) July 23, 2019
Ese fracaso se produjo a pesar de que Sánchez lo tenía todo de cara, ya que incluso los independentistas catalanes de ERC estaban dispuestos a facilitar su investidura. Lo único que necesitaba era un acuerdo con la formación izquierdista Unidas Podemos (UP), liderada por Pablo Iglesias, dispuesta a construir un Gobierno de coalición junto al PSOE.
Iglesias aceptó el veto y ambas partes diseñaron el esqueleto de un Gobierno conjunto en el que el PSOE ocuparía la mayoría de cargos, cediendo a UP una vicepresidencia y tres ministerios sociales.
La negociación, apurada hasta minutos antes de la sesión de investidura fallida, murió en un intercambio público sobre las competencias ocupadas por cada parte, un espectáculo televisado que no auguraba un entendimiento sincero.
Finalmente no hubo acuerdo y Sánchez decidió no retomar las negociaciones, por lo que los siguientes meses se consumieron sin ni siquiera un segundo intento de investidura.
La confrontación llegó hasta el punto de Sánchez afirmó que no "dormiría tranquilo" si hubiese pactado con UP.
Mientras tanto, el bloque de la derecha (conservadores del Partido Popular, liberales de Ciudadanos y ultraderechistas de Vox) fraguó numerosos acuerdos en todo el país tras las elecciones locales de mayo, consiguiendo incluso arrebatar la alcaldía de Madrid a la izquierda.
En esas llegaron los segundos comicios generales del año, celebrados el 10 de noviembre tras una campaña muy polarizada al calor de los disturbios producidos en Cataluña después de que el Tribunal Supremo condenara a 12 líderes independentistas por el referéndum unilateral de 2017.
Sin embargo, hubo una novedad importante: los ultraderechistas de Vox capitalizaron la polarización para instalarse como tercera fuerza política, ocupando 52 de los 350 escaños del Congreso.
Alertados por el crecimiento de la ultraderecha, Iglesias y Sánchez necesitaron solo 48 horas para cerrar el acuerdo que no alcanzaron en los meses anteriores.
Según confirman a Sputnik fuentes conocedoras de la negociación, ambos trabajan con la idea de que Sánchez tenga a Iglesias como vicepresidente en un Gobierno con hasta cuatro ministerios para UP.
Para ser investido presidente del Gobierno, Sánchez necesita el voto favorable o la abstención de 176 de los diputados presentes en el Congreso, pero su pacto con Unidas Podemos solo le garantiza 155.
Esto obliga a Sánchez a buscar el apoyo de diferentes fuerzas progresistas y regionalistas, siendo vital el apoyo de los independentistas de ERC, que cuentan con 13 escaños sin los que no puede haber investidura.
En las últimas semanas la negociación entre ambas partes avanzó lenta, con la vista puesta en una investidura para antes de final de año.
Sin embargo, las conversaciones quedaron paralizadas el 19 de diciembre, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea falló que Oriol Junqueras —exvicepresidente catalán y líder de ERC— debió recibir inmunidad como eurodiputado tras su elección en mayo, algo que fue impedido por el Tribunal Supremo, que lo mantenía en prisión provisional.
ERC anunció la paralización de las negociaciones con el PSOE hasta saber qué postura adoptaría la Abogacía del Estado, lo que dejó la investidura en un limbo pese a que este órgano no tiene capacidad para decidir sobre la situación de Junqueras.
Es decir, la esperanza de Sánchez de ser investido en 2019 se disipó en un movimiento dilatorio de ERC destinado únicamente a buscar un gesto de mayor voluntad de diálogo hacia el independentismo catalán por parte del próximo Gobierno español.
Este 30 de diciembre la representación del Estado presentó un escrito en el que —al contrario que la Fiscalía— se muestra favorable a que Junqueras pueda abandonar la prisión de forma provisional para acreditarse como parlamentario, aunque también solicita presentar un suplicatorio al Parlamento Europeo para que se retire la inmunidad del líder catalán.
Una vez se produzca ese anuncio —si es que finalmente se produce, ya que todo el proceso de negociación está marcado por la incertidumbre— Sánchez se lanzará a una sesión de investidura a la carrera, posiblemente en la primera o segunda semana de enero, para evitar cualquier eventualidad que le vuelva a arrebatar una investidura que 2019 le negó, pese a ganar dos elecciones.
