"La demanda que han anunciado que nos van a instaurar ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya yo considero que es una falacia jurídica jurisdiccional, porque nadie puede instaurar una demanda por hechos no probados o por presunciones que anuncia la cancillería mexicana, nadie puede ser demandado por hechos que no ha cometido", afirmó Longaric.
México presentó este jueves un recurso contra el Gobierno de facto de Bolivia ante la CIJ, con sede en La Haya, por lo que considera un asedio a su embajada y a la residencia oficial de su embajadora en La Paz, informó el canciller mexicano Marcelo Ebrard.
Más temprano la cancillería boliviana expresó en un comunicado su preocupación por la presunta injerencia de México en asuntos internos de su país.
La tensión entre ambos países fue en aumento en los últimos días debido al fuerte cerco que impusieron las autoridades de facto bolivianas a la sede diplomática mexicana, donde una veintena de personas vinculadas al expresidente Evo Morales se encuentran solicitando asilo.
México denunció en días pasados "la intimidación de la que están siendo objeto la embajada y residencia oficial de México en Bolivia, lo que constituye una flagrante violación a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas".
También exigió a Bolivia "cesar la política de hostigamiento y amedrentamiento" y advirtió que si la situación se mantiene, responsabilizará al país sudamericano "por cualquier afectación a la sede diplomática, a su personal acreditado y a toda persona que se encuentre bajo la protección del Estado mexicano en ese país".
Evo Morales renunció a la presidencia de Bolivia el 10 de noviembre pasado y partió asilado a México dos días después.
El 13 de noviembre, tras otorgarle asilo, López Obrador expresó su compromiso de trasladar a su país a alrededor de una veintena de personas que se refugiaron en la embajada en La Paz.
Morales salió de México hacia Cuba el 6 de diciembre y posteriormente viajó a Argentina, donde tramita el estatus de refugiado.
El 18 de diciembre, la fiscalía de Bolivia ordenó la detención del exmandatario, acusado de "sedición y terrorismo".
