"El Gobierno rechaza categóricamente el último informe de Amnistía Internacional, el que sin siquiera solicitar información al Gobierno, pretende establecer la existencia de una política deliberada para dañar a los manifestantes", comunicó la subsecretaria de Derechos Humanos de Chile, Lorena Recabarren, en conferencia de prensa.
Asimismo, señaló que el Ejecutivo "ha tenido una política de resguardo y protección de los derechos humanos, lo que ha sido, desde el primer día, declarada y reiterada por todas nuestras autoridades".
El estudio del organismo reveló entre otras cosas que, tanto las Fuerzas Armadas como Carabineros "han llevado a cabo ataques generalizados en contra de la población chilena, usando de manera innecesaria y excesiva, con la intención de dañar y castigar a aquellas personas que valientemente continúan en las calles exigiendo legítimamente sus derechos".
Ademas, consignó la existencia de 5 personas fallecidas a manos de uniformados y 2.400 personas heridas con distintos tipos de armas, 287 de las cuales presentan traumas oculares graves.
Desde el comienzo de las protestas masivas en octubre 30 personas han fallecido, y el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile ha presentado 346 acciones judiciales contra uniformados por su actuar durante las protestas, acusando torturas, tratos crueles, homicidios, homicidios frustrados y abusos sexuales.
