"He pedido el sobreseimiento porque la Fiscalía no ha podido justificar en el proceso ninguna actividad relevante en materia penal de parte del expresidente Correa. La presentación de los elementos de convicción solo ha ratificado que no tiene ningún caso concreto; no ha especificado de qué empresa habría aceptado la dádiva que implica el cohecho, de qué manera el expresidente ha incrementado su patrimonio ni nada por el estilo", dijo Fausto Jarrín, abogado de Correa, en una entrevista con Sputnik.
En caso de que no se acepte el pedido, Jarrín solicitó la comparecencia de 10 testigos, entre ellos la exasesora de Correa, Pamela Martínez, y su asistente Laura Terán; los exejecutivos de la constructora brasileña Odebrecht, José Conceicao Santos y Geraldo de Souza, y el Procurador del Estado ecuatoriano, Iñigo Salvador.
Jarrín explicó que el pedido obedece a que "son pruebas ilegales (…) En el caso de los chats, por ejemplo, son chats que gozan de reserva entre cliente y abogado y no solo fueron usados por la Fiscalía, sino puestos ilegalmente en manos de los medios de comunicación".
Según Jarrín, esos chats no tienen que ver con el proceso y se generaron en 2017 cuando ni Correa ni Mera tenían ninguna relación con el Estado.
En el caso, conocido como "Sobornos 2012-2016", la Fiscalía acusó en días pasados a 24 personas, entre ellas Correa, de formar parte de una estructura conformada por funcionarios del Estado y empresarios para la entrega de sobornos a cambio de contratos.
En el caso se han presentado como pruebas detalles de las facturas, las empresas y los aportes efectuados al movimiento político Alianza País a cambio de contratos con el Estado.
La Fiscal ha descrito montos, destinos y formas de pago (efectivo y cruce de cuentas).
Las acusaciones son negadas por el expresidente y sus exfuncionarios, que aseguran que hay una persecución política en su contra.
El Procurador sostiene que el monto del perjuicio al Estado en el caso "Sobornos 2012-2016" supera los siete millones de dólares, pero pide el triple de indemnización por los daños causado.