"La Comisión hace un llamado al Estado a investigar, de forma imparcial, exhaustiva y expedita, tanto las violaciones de derechos humanos como los delitos que se hayan cometido en dicho contexto (las protestas), así como juzgar y sancionar a los responsables", dijo el organismo en un comunicado de prensa emitido en Washington.
Dijo que también le preocupan las denuncias sobre falta de información a familiares respecto de personas detenidas y fallecidas, obstaculización a la prestación de servicios médicos en hospitales públicos, hostilidad y alegados actos de agresión contra personas defensoras de derechos humanos, periodistas y trabajadores de distintos medios de comunicación privados, comunitarios y digitales, así como utilización del sistema penal en contra de manifestantes, líderes sociales y de oposición.
La organización añadió que también recibió información relativa a diversos tipos de afectaciones por acciones violentas contra agentes del Estado que podrían constituir delitos.
En el comunicado, la CIDH calificó de graves "los episodios de hostigamiento que sufrió la delegación durante su visita a la cárcel de Latacunga (centro), por parte de los agentes de seguridad de ese establecimiento, quienes prohibieron a la delegación tomar imágenes y vídeos y le impidieron realizar su trabajo en ese lugar".
La misión de la CIDH visitó cuatro ciudades, instalaciones estatales, y centros de detención; sostuvo reuniones con autoridades de los tres poderes del Estado, movimientos indígenas, transportistas, empresarios, gremios del sector privado, representantes de universidades y hospitales, periodistas, representantes de la fuerza pública, personas y organizaciones de diversos sectores de la sociedad; recibió un importante número de testimonios, y realizó actividades en las ciudades de Quito (capital de Ecuador), Cuenca (Sur), Guayaquil (oeste) y Latacunga (centro).
Según información de la Defensoría del Pueblo de Ecuador, durante las protestas 11 personas fallecieron, 1.340 resultaron heridas y 1.192 fueron detenidas, de las cuales el 80% fue puesto en libertad.
El Gobierno mientras tanto, asegura que 9 personas habrían perdido la vida en accidentes relacionados con los disturbios, de los cuales dos casos son investigados como muertes violentas.