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Justicia argentina pide pruebas al Gobierno sobre concesión de obras viales

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BUENOS AIRES (Sputnik) — Un tribunal argentino de segunda instancia intimó a la Dirección Nacional de Vialidad a facilitar los contratos de las empresas que recibieron alguna adjudicación para realizar obras públicas viales, una información que había sido negada al vicepresidente de la Cámara de Diputados, el opositor José Luis Gioja.

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal mandató al organismo, dependiente del Ministerio de Transporte, que "entregue a Gioja información sobre contratos por obras públicas viales", informaron fuentes judiciales a las que accedió esta agencia.

La sala I del tribunal destacó el derecho a la información al momento de plantear su resolución, que revoca un fallo de primera instancia para hacer lugar al recurso presentado por el vicepresidente de Diputados.

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En el documento, los jueces ordenaron a la DNV que en el plazo de diez días facilite al legislador las ofertas de aquellas empresas que resultaron adjudicatarias en el marco de la licitación pública del organismo 1126/2018, publicada en junio del año pasado.

El texto también solicita los anteproyectos técnicos y toda documentación sobre los montos de los contratos adjudicados para "los corredores viales A, B, C, E, F y Sur que forma parte de la licitación Pública Nacional e internacional del Proyecto 'Red de autopistas y Rutas Seguras, Proyecto PPP Vial-Etapa 1'".

Gioja había pedido al Gobierno que preside Mauricio Macri que facilitase los detalles que plantearon aquellos contratos de participación público privada para construir corredores viales por 5.300 millones de dólares, pero el Gobierno retuvo y denegó esa información.

Según remarca el fallo, el fiscal general señaló que la información requerida por Gioja "sobre el monto en dólares y/o pesos de cada uno de los ítems o rubros de cada uno de los contratos adjudicados (...) no fue suficientemente facilitada".

"Aún en el supuesto de que los datos que solicita el actor no existieren con el detalle y exactitud que pretende, considero que tener a la vista los documentos aportados por las empresas adjudicatarias podría resultar útil a los fines de conocer la forma en la que la DNV contrató bajo la modalidad de contratos de participación público privada", añade el texto.

A fin de atraer inversiones, en noviembre de 2016 el Senado sancionó la ley de Participación Público Privada, que adjudica contratos a empresas que puedan hacer frente al financiamiento de grandes proyectos, como acueductos o construcción y reparación de carreteras.

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