"Vamos a impulsar procesos para analizar la actuación del presidente y ministros en la represión de las protestas; la Constitución de la República determina la posibilidad de fiscalización de los órganos del estado y hasta la posibilidad de juicio político; eso lo vamos a ejercer dentro del marco de la ley y de la Constitución", dijo el legislador de Revolución Ciudadana, partido del exmandatario.
En las últimas horas fue detenida la prefecta de la provincia de Pichincha y también integrante de Revolución Ciudadana, Paola Pabón.
Asimismo, el exasambleísta y secretario ejecutivo de Revolución Ciudadana, Virgilio Hernández, informó este 14 de octubre a Sputnik que la Policía de Ecuador le estaba allanado su casa.
Se cree que Hernández está refugiado en la Embajada de México en Ecuador, al igual que la asambleísta Gabriela Rivadeneira, informó el portal Primicias.
Rivadeneira indicó que ha padecido "un seguimiento extrajudicial en los últimos días".
Por su parte, Samaniego dijo a Sputnik que Revolución Ciudadana espera que se convoque a la Asamblea Nacional para iniciar los procesos de fiscalización.
"Hay muertos en este país producto de las protestas; la bancada de Revolución Ciudadana hoy se va a reunir y vamos a preparar nuestra intervención en el pleno de Asamblea Nacional, que esperamos que no siga siendo ciega, muda y sorda, y que haga eco de lo que el pueblo ecuatoriano está planteando en este momento", agregó.
Samaniego sostuvo que él hace responsable al presidente de la República, Lenín Moreno, y al Estado ecuatoriano de la seguridad de los 32 asambleístas de Revolución Ciudadana, quienes están siendo "perseguidos vilmente".
"Nosotros no vamos a perseguir como lo han estado haciendo con nosotros, vamos a actuar sin odio pero con memoria: hay heridos, muertos, conmoción social y el Gobierno sigue con indolencia, por eso vamos a plantear que alguien tiene que responder por todo lo que ha sucedido", agregó.
Casos Pabón y Hernández
Samaniego dijo que en la madrugada de este 14 de octubre la fuerza pública irrumpió de manera "violenta" en la casa de Pabón con el fin de detenerla y proceder con una supuesta investigación.
"Estamos esperando en la Fiscalía que Pabón pueda tener un proceso como corresponde; sabemos que la policía todavía se encuentra en su domicilio; no conocemos los cargos por los cuales está siendo investigada, situación que lesiona la seguridad jurídica del Estado", explicó.
"Sabemos que todos los asambleístas de Revolución Ciudadana vamos a ser perseguidos (...) yo sé que estoy en la mira y sin duda alguna todos aspiramos a que tengamos derecho a defendernos como determina la ley y que esta persecución, que se inició hace un tiempo atrás, no lesione la seguridad jurídica del Estado", expresó.
Desde el 2 de octubre, las protestas en contra la eliminación del subsidio a la gasolina de 87 octanos y al diésel, decretada por el presidente Moreno el 1 de octubre convulsionaron Ecuador.
Las protestas, iniciadas por los transportistas el 2 de octubre, a las que se unieron luego los indígenas y trabajadores en todo el país, se vieron mezcladas con actos violentos y saqueos, e incluso acciones como la quema de oficinas de la Contraloría General de la Nación y el ataque a medios de comunicación, nunca antes vistos en Ecuador.
En la noche del 13 de octubre, con la mediación de la Organización de las Naciones Unidas, de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, y la veeduría de las diferentes funciones del Estado, los movimientos indígenas y el Gobierno llegaron a un acuerdo que puso fin a las protestas que mantenían convulsionada a la nación andina, en reclamo por la decisión del presidente de eliminar el subsidio a los combustibles que rigió por más de 45 años.
Según dicho acuerdo, representantes de las dos partes trabajan para reemplazar el decreto 883 (que eliminó el subsidio) que fue dejado sin efecto en la noche del 13 de octubre, según anunciaron las dos partes.
De acuerdo a datos de la Defensoría del Pueblo, entre el 3 y el 13 de octubre, durante las movilizaciones murieron siete personas, 1340 fueron heridas y 1152 detenidas.
El 11 de octubre, el defensor del pueblo, Freddy Carrión, dijo a Sputnik que al menos en dos de las muertes era clara la responsabilidad de las fuerzas de seguridad, y que en el resto de los cinco casos que estaban confirmados hasta el momento, "todo gira alrededor de la intervención de la policía".
El funcionario dijo además que la gran mayoría de las detenciones habían sido arbitrarias.
