Aprobada en 2010 y reglamentada en 2013, la Ley de Salud Mental de Argentina ordena sustituir los hospitales psiquiátricos de permanencia indefinida antes de 2020. Sin embargo, esto está lejos de ocurrir. Todavía hay 12.000 personas internadas en 162 manicomios con un tiempo promedio de permanencia de 12,5 años en asilos públicos y 8 años en centros privados.
En los inmensos jardines y pasillos de las monumentales instalaciones del Hospital Psicoasistencial Interdisciplinario José Tiburcio Borda hay poco movimiento y mucha paz. Los trabajadores de la institución deambulan con la misma libertad que algunos pacientes.
Los hay con indicios de tener padecimientos crónicos y de estar altamente sedados; algunos están internados y carecen de permiso para salir de manera voluntaria mientras que otros se acercan asiduamente según un régimen ambulatorio. Muchos son activos y conversadores, otros callados e introspectivos; todos inofensivos.
"Hace falta llevar adelante un proceso de transformación profundo para cambiar el modelo vigente, que es indigno, asilar, manicomial y custodial, que nació por pensar que lo mejor que pudiera pasarles a las personas que atraviesan padecimientos mentales es estar encerradas, no para protegerlas a ellas sino a la sociedad porque supuestamente son peligrosos", evaluó el psicólogo argentino Ángel Barraco en entrevista con Sputnik.
Barraco es miembro del Consejo Consultivo Honorario de la Legislatura capitalina, uno de los redactores de la Ley 448 de Salud Mental para la ciudad de Buenos Aires e integrante del Movimiento en Defensa de la ley nacional. Asegura que "el paradigma manicomial persiste teniendo a las personas internadas, con la trasgresión de sus derechos, y sin tener la posibilidad de salir de ese mecanismo de control y encierro".
"Uno de los obstáculos más grandes que tiene esta imposibilidad de llevar adelante la instrumentación de la ley es el accionar de un poder médico-psiquiátrico corporativo que no representa a todos los médicos y psiquiatras, pero que tiene mucha fuerza y que se opuso a la sanción e hizo todo lo posible para que no se implementara durante esta década", acusó Barraco.
Una ley que sigue el ejemplo europeo
La Ley de Salud Mental dictaminó que no se pudieran sumar nuevas internaciones sin la revisión de un equipo interdisciplinario (antes lo resolvía un juez). Además, prohibió la creación de nuevos manicomios y obligó a reemplazar los actuales en funcionamiento, tanto estatales como privados, por dispositivos comunitarios alternativos, focalizados en la contención y la integración, respetando el "derecho a que el padecimiento mental no sea considerado un estado inmodificable".
Para esto se apuntó a que sean sustituidos por centros de atención ambulatoria, casas de medio camino, con estadías temporales para los casos agudos, sin aislamiento ni desconexión y con un uso racional y responsable de psicofármacos, salvo excepciones.
El potencial cierre de los manicomios pone en jaque muchos puestos de trabajo y muchos intereses de laboratorios, que son los que producen y promocionan los fármacos, así como de las instituciones privadas, muchas de las cuales carecen de certificación en el tratamiento de determinados trastornos de salud mental, como pudieran ser las adicciones.
¿Cuál es el diagnóstico actual?
En agosto de 2019, la Secretaría de Gobierno de Salud presentó el Primer Censo Nacional de Personas Internadas por Motivos de Salud Mental, que se realizó en los establecimientos de internación neuropsiquiátricos públicos y privados. Era una deuda que no se venía cumpliendo a pesar del establecimiento de su obligatoriedad cada dos años.
Existen aún 162 manicomios (sin contar clínicas pequeñas) en los que hay 12.035 personas internadas, el 52% en establecimientos públicos y el 48% en privados. El tiempo promedio de permanencia es de más de 8 años, pero aumenta a 12 y medio en el sector estatal. En la ciudad de Buenos Aires se encuentran los cuatro más importantes del país: Borda (hombres), Moyano (mujeres), Tobar García (infantojuveniles) y Alvear (emergencias).
Tomando en cuenta que las instituciones públicas son las que alojan principalmente a la población más vulnerable en cuestiones socioeconómicas, el dato de que el 37% de los pacientes se encuentran alojadas en estos centros por razones sociales o de vivienda permite concluir que, en los manicomios estatales, la gran mayoría de los internados permanece ahí por el hecho de ser pobres.
"Una persona con padecimiento mental sabe cuándo entra en una institución, pero no sabe cuándo va a salir, a diferencia de una persona que va a la cárcel. El manicomio históricamente nos sitúa en una vinculación a los campos de concentración. Si bien se ha avanzado en el resguardo de las personas, lamentablemente en lo elemental, que es el manejo de la libertad, no se ha podido avanzar", concluyó el psicólogo.