"La Bancada de la Revolución Ciudadana rechaza la criminalización de la protesta social que ha dejado hasta el momento 19 ecuatorianos detenidos y la declaratoria de Estado de Excepción Nacional dispuesto por el presidente Lenín Moreno", indicó la fuerza política en un comunicado.
El 3 de octubre, el presidente anunció el estado de excepción por 60 días ante la huelga en el transporte que impedía la libre movilidad de la población.
Entre las medidas anunciadas esta semana se encuentran: eliminar el subsidio de 1.300 millones de dólares a los precios del diésel y la gasolina, eliminar o reducir los aranceles para la importación de maquinaria, equipos y materia prima tanto agrícola como industrial, quitar los gravámenes a las importaciones de tecnología así como el anticipo del impuesto a la renta, y mantener en 12% el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
El Gobierno también impulsará reformas laborales que facilitarán contrataciones y el trabajo a distancia, entre otras cosas, pero los empleadores aumentarán su aporte en un 2% mensual para las jubilaciones, explicó el presidente.
En cuanto al empleo público, Moreno dijo que los nuevos contratos en el sector público se negociarán con remuneraciones un 20% más bajas, que los trabajadores aportarán mensualmente un día de su salario y que se les recortarán las vacaciones a 15 días por año, desde los 30 que tenían hasta el momento.
📎📷🎥 Ecuador despliega un fuerte cerco policial en la sede de Gobierno ante las protestas 🇪🇨
— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) October 3, 2019
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La bancada de Revolución Ciudadana exigió este 4 de octubre a la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) que se pronuncie de manera inmediata ante la "decisión antidemocrática" del Gobierno.
"Responsabilizamos al Gobierno Nacional por los actos represivos que vulneran la integridad de los ciudadanos que ejercen su legítimo derecho a manifestarse contra esas medidas económicas (...) la situación actual que vive el país no puede esperar un día más", agregó.
Ecuador afronta dificultades fiscales y de endeudamiento externo, por lo que buscó la ayuda del FMI firmando un préstamo por 4.200 millones de dólares este año, que incluye reformas y ajustes de gasto.
