En 2016 el Gobierno del estado de Baja California otorgó un permiso a una compañía Americana llamada Constellation Brands, para construir y operar una fábrica cervecera en la ciudad de Mexicali, capital de esta entidad federativa. Este permiso permitirá a la empresa consumir alrededor de 20 millones de metros cúbicos de agua al año. Esto representa aproximadamente el 30% de todas las reservas de agua de la región. A pesar de que esta decisión es altamente impopular y de que el presidente López Obrador se manifestó de manera reciente abiertamente en contra del proyecto, la cervecería sigue en construcción hasta hoy.
Esto representa un distanciamiento claro entre la voluntad popular y la decisión tomada por un gobierno de derechas (Partido Acción Nacional) de otorgar el permiso a la empresa norteamericana. Pero también el nuevo Gobierno 'de izquierda' elegido democráticamente en las últimas elecciones encabezado por Jaime Bonilla (bajo las siglas del partido del presidente, Morena) se ha manifestado, al menos, complaciente con la empresa cervecera. Paradójicamente, Bonilla se dispone a 'consultar' a la población sobre la extensión de su mandato de dos a seis años (lo cual ha sido fuertemente rechazado), pero no sobre la construcción de la cervecería.
Este desfase entre la opinión pública y las decisiones gubernamentales fue un problema que los romanos reconocieron muy pronto durante el periodo de la República. Por esto crearon un contrabalance a los poderes tradicionales de su Estado: los magistrados (poder ejecutivo), los pretores (poder judicial) y el senado (poder legislativo. Aparte de estos, se creó un cuarto poder, tribunus plebis, el tribuno de la plebe. Esta institución restringía el poder del Gobierno y su senado oligárquico, protegiendo así a la gente común. Sobra decir, que cuando la República romana cayó bajo el autoritarismo imperial, esta institución fue rápidamente abolida. Pero durante su existencia, las decisiones hechas por este magistrado del pueblo fueron llamadas 'plebiscitos' y hasta el día de hoy son el único mecanismo legal directo para contrarrestar las decisiones de gobiernos apoyadas por parlamentos.
Al lado de los plebiscitos, existen también las consultas populares, la revocación de mandato y los referéndums y esto es en general lo que llamamos democracia directa. El pueblo decidiendo sin intermediarios sobre asuntos específicos e importantes de la vida pública. Algunos argumentan en su contra, que la gente es en general 'tonta' y que tomarían decisiones equivocadas, si se les da la oportunidad de hacerlo, puesto que 'no saben nada de política'. Es cierto, hay gente 'que no sabe nada de política' y que tiene miedo de lo que otra gente que tampoco 'sabe nada' como ellos pudiese decidir, si se les otorga el derecho para hacerlo. Pero tanto el derecho comparado, la lógica, las experiencias en otros países y el sentido común nos muestran que esta forma de participación ciudadana funciona. Un ejemplo, ¿habría tantas manifestaciones en contra de las decisiones más impopulares de los gobiernos si se le consultase a priori a la población sobre el asunto causante de la discordia? Definitivamente no.
Es solo cuando las decisiones emanadas de estos mecanismos no son respetadas —o inclusive saboteadas— que hunden a los países en crisis políticas enormes como en el caso del largo proceso que ha significado el Brexit en Gran Bretaña, como consecuencia de los múltiples intentos de los neoconservadores británicos por posponer indefinidamente una decisión soberana tomada ya casi hace tres años y de esta forma, tratar de revertir la voluntad popular.
Por esta razón es también necesario un tratado internacional que instaure la democracia directa como un requisito para considerar cualquier sistema legal como uno democrático. Y que obligue a los distintos países no solo a aplicar esta forma democrática, sino a respetar las reglas comunes para su ejercicio y que las decisiones emanadas de estos procesos en otros países sean reconocidas como decisiones soberanas, como lo han sido en múltiples ocasiones en Venezuela, Bolivia, Cataluña, Grecia, Inglaterra, Crimea etc. Porque si no es así, la pregunta se mantendrá: ¿deseamos un sistema legal y democrático autentico, con todo lo que esto conlleva?, ¿o queremos solo un sistema político específico, cubierto con un manto de legalidad?
En conclusión, la democracia directa ha sido tradicionalmente rechazada a nivel federal o nacional en muchos países, No porque sea impráctica, costosa o porque la gente vaya a decidir equivocadamente, sino por el mero hecho de que el pueblo decidiría finalmente ¡y por sí mismo! Esto produce escalofríos a las clases dirigentes, ya que siempre que el pueblo ha tenido derecho a decidir, lo ha hecho en contra de las grandes compañías, contra las guerras, contra el desmantelamiento de sus derechos, o contra la opresión de minorías y —o como el pueblo de Baja California lo hará—, si el gobierno de Morena realmente respeta su derecho a un plebiscito… ¡contra la explotación monopólica y arbitraria de sus derechos naturales!
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