"La CIDH insta el Estado de Paraguay a investigar el sitio de inhumación clandestino descubierto en la Finca 66, Ciudad del Este. Asimismo, urge la adopción de las acciones necesarias para la exhumación e identificación de los restos mortales humanos encontrados en dicho lugar", afirmó la Comisión en un comunicado.
El 7 de septiembre, el fiscal penal de Ciudad del Este, Alcides Giménez, dijo a Sputnik que el territorio de la propiedad es muy extenso, tiene 12 hectáreas, y está totalmente ocupado.
La casa queda a 360 kilómetros de Asunción, hacia el este del país con frontera entre Brasil y Argentina.
Por su parte, la CIDH afirmó que la vivienda, conocida como la Casa del Horror, había sido denunciada años atrás como un lugar donde se habrían perpetrado "graves" violaciones a los derechos humanos tales como tortura y ejecuciones extrajudiciales.
"Durante las décadas de los setenta y ochenta, se perpetraron diversas modalidades de desaparición forzada en Paraguay, siendo instrumentalizado el poder estatal como medio y recurso para cometer la violación de los derechos. En dicho caso se reafirmó la responsabilidad del Estado de realizar una investigación ex officio, sin dilación, seria, imparcial y efectiva", dijo la Comisión.
Además, el Estado debe entregar los restos mortales a la brevedad posible a sus familiares, previo establecimiento de la identidad de la persona fallecida por medio del uso de los diferentes medios de identificación forense, señaló la CIDH.
"El Estado debe verificar si este espacio se trata de un cementerio clandestino de las víctimas de este período", señaló la comisionada Antonia Urrejola, relatora sobre Memoria, Verdad y Justicia de la CIDH.
Stroessner fue uno de los impulsores del Plan Cóndor, una operación de los servicios de inteligencia de las dictaduras de Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay y Chile para perseguir y eliminar a sus opositores, en su mayoría de izquierda, que dejó miles de muertos y desaparecidos.
Durante los 35 años de Gobierno de Stroessner, 19.862 personas fueron detenidas en forma arbitraria o ilegal, 18.772 fueron torturadas, 59 ejecutadas extrajudicialmente, 336 desaparecidas y 3.470 exiliadas, según la Comisión Verdad y Justicia de Paraguay.
Además 99.312 familiares o personas allegadas sufrieron algún perjuicio por las detenciones o torturas y otros tratos o penas crueles aplicados.
Tres décadas después solo se han encontrado una treintena de cadáveres y muy pocos han sido identificados.
