Los comisarios Renato Madsen y Luiz Augusto Pesso Nogueira explicaron en rueda de prensa que los 13 acusados (siete de Vale y seis de Tüv Süd) "sabían que la represa tenía problemas de seguridad".
Según la Policía, trabajadores de las empresas firmaron contratos utilizando informaciones falsas, lo que permitía que la mina siguiese funcionando a pesar de que los criterios de seguridad estuvieran por debajo de los recomendados por la propia empresa y por patrones internacionales.
La imputación por documentos falsos se da por dos registros de declaración de estabilidad que las empresas presentaron ante autoridades gubernamentales en 2017.
Los 13 señalados por la Policía son gerentes, ingenieros, geólogos y consultores que ahora se enfrentan a 18 años de cárcel; ninguno pertenece a la cúpula de las empresas.
Tragedia de #Brumadinho: la "corrupción" del Estado brasileño puede hacer que la tragedia se repitahttps://t.co/WxDpgsLcMk
— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) March 6, 2019
Los agentes explicaron que ningún directivo de Vale fue acusado en este momento porque la investigación todavía está en un nivel muy técnico, pero no se descarta que lo sean en un futuro.
La rotura de la represa de residuos tóxicos de Brumadinho tuvo lugar el pasado 25 de enero, y casi ocho meses después de la tragedia 21 personas siguen desaparecidas y el total de muertos llega a 249.
