Las organizaciones sociales contrarias al uso de fracking en Colombia obtuvieron una importante victoria: la decisión del Consejo de Estado del país suramericano de ratificar la medida cautelar que impide la utilización de esta técnica de extracción de gas e hidrocarburos en territorio colombiano.
La polémica pública en Colombia en torno al fracking se desató en 2013, cuando el Ejecutivo firmó el decreto 3004 en el que se establecieron "los criterios y procedimientos para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales". La preocupación de las organizaciones ambientales se confirmó un año después, cuando la resolución 90.341 del Ministerio de Minas y Energía habilitó la "estimulación hidráulica" como uno de los métodos para explotar los yacimientos no convencionales.
La técnica de estimulación o fractura hidráulica, conocida por el término fracking, consiste en bombear a muy alta presión un fluido compuesto por agua, químicos y arena para quebrar el esquisto bituminoso, como se denomina a las rocas que contienen hidrocarburos. La fractura permite que el gas o los hidrocarburos contenidos en la roca asciendan junto con el fluido inyectado.
Sin embargo, la técnica es cuestionada por sus graves impactos ambientales. La Alianza Colombia Libre de Fracking consigna que la fractura hidráulica puede contaminar cuerpos de agua potable, tanto subterráneos como superficiales debido a la gran cantidad de químicos que se utilizan durante el procedimiento. Al mismo tiempo, alertan sobre los estudios científicos que aseguran que el uso de fracking repercute en el aumento de la sismicidad, o sea, la frecuencia de terremotos.
Ante este panorama, la Universidad del Norte, con sede en Barranquilla, presentó en 2016 un recurso de nulidad contra el decreto y la resolución ministerial que habilitó la "estimulación hidráulica". El recurso esperó dos años para ser considerado. Recién el 8 de noviembre de 2018 el Consejo de Estado, órgano que entiende en asuntos administrativos, hizo lugar al reclamo e interpuso la medida cautelar que impide el fracking en Colombia.
¿Cómo sigue la disputa legal?
Luis Enrique Orduz, abogado de Corporación Podion —una de las organizaciones que integra la Alianza Colombia Libre de Fracking—, explicó a Sputnik que a partir de aquel momento se abrieron dos expedientes paralelos en el seno del Consejo de Estado, uno sobre la acción de nulidad presentada en 2016 y otro independiente relativo a la medida cautelar.
Otro de los actores de ese proceso será la Universidad Nacional de Colombia, entidad a la que el Consejo de Estado le solicitó un informe sobre el tema que deberá ser entregado en los próximos meses.
Orduz estimó que, teniendo en cuenta que hay una nueva audiencia por el caso convocada para el 27 de septiembre y que la Universidad Nacional solicitó una prórroga para entregar su informe, el fallo del Consejo de Estado sobre la utilización del fracking en el país demoraría "entre seis y ocho meses si nos va bien, aunque podría decir que tardará alrededor de un año".
A pesar de la victoria del martes 10, el camino hacia un fallo definitivo no estará exento de dificultades para los detractores del fracking. En ese sentido, el abogado señaló la gran "presión mediática" que existe a favor del uso de la técnica y que según el activista proviene de "desde las agremiaciones económicas y las instituciones del Poder Ejecutivo, hasta líderes de opinión".
"La presión mediática es impresionante y el argumento fundamental es la autonomía energética. Dicen que a Colombia le quedan 11 años de autonomía de gas y con el fracking se extendería a 30 años y que quedan cinco años de autonomía de petróleo y que esta técnica lo llevaría a 13 años", señaló Orduz.
Violaciones a la medida cautelar: el caso Drummond
Mientras los reclamos avanzan en la órbita administrativa, la Alianza Colombia Libre de Fracking denunció que Drummont, una empresa estadounidense instalada en Colombia, se encontraba explotando 15 pozos de gas metano de carbón (también conocido como mantos de carbón), un tipo de gas que se extrae de yacimientos no convencionales con una técnica similar a la del fracking.
Mientras la empresa asegura que la técnica que utiliza no es la misma que se encuentra cuestionada en la órbita administrativa colombiana, Orduz considera que el método específico de extracción no es el punto y que la firma no debería estar autorizada a operar mientras siga vigente la medida cautelar.
"No nos remitimos a si lo que está haciendo Drummond es o no es fracking, sino a que el decreto 3004 hace referencia, entre otros, al gas asociado a mantos de carbón. Ellos dicen que hacen un tipo de fracturación hidráulica que se hace en Colombia desde hace 60 años pero si la licencia que le otorgó la autoridad ambiental se basa en el decreto 3004 y la resolución 90.341, a nuestro criterio está violando la norma", argumentó.
De todas maneras, Orduz aclaró que no es estrictamente la empresa la que incurrió en la violación de la medida cautelar, ya que puede considerarse que la firma "actuó de buena fe" al explotar los pozos una vez que obtuvo la autorización. Para el abogado, fue precisamente el Estado colombiano quien no cumplió la prohibición al no suspender la licencia otorgada a la empresa estadounidense.
