"La situación es alarmante. Sobre todo porque no existe un registro oficial del Estado ni un plan para accionar desde distintos frentes que combata la emergencia que estamos viviendo (...) Las cifras estatales que hay sobre violencia de género en Ecuador son incorrectas porque no visibilizan la realidad. Están mostrando algo pero no el panorama completo", dijo a Sputnik Córdova Páez.
Varios colectivos feministas publicaron un informe en el que se señala que desde el 1 de enero al 8 de agosto 62 mujeres han sido violentamente asesinadas, lo que significó un femicidio cada 3 días.
Según el informe, 684 mujeres fueron asesinadas por razones de género desde el 2014.
Pero existen diferencias entre las cifras estatales y las que brindan los activistas; mientras que las autoridades señalan que durante el año pasado 59 mujeres fueron asesinadas, las organizaciones sociales dicen que fueron 88.
"Sabemos que aproximadamente hay una mujer asesinada cada tres días. Hemos hecho un análisis desde el 2014 hasta el momento actual. Lamentablemente esto no está siendo visualizado por el Estado, el cual tiene unas cifras sumamente bajas que no permiten entender cuál es la real situación. Se tiene que visibilizar y aceptar que es una problemática que se debe de tratar de manera urgente, eso implicaría para el Estado movilizar recursos para la prevención e investigación", agregó.
Las activistas creen que se debe investigar inicialmente cualquier muerte violenta de mujeres como femicidio y que luego la Fiscalía sea la que descarte esa denominación.

Además, los operadores de justicia no están tipificando como femicidio los casos de violación con muerte o cuando el homicida está prófugo porque no tienen a quién a acusar, explicó.
Recordó que hace poco tiempo las autoridades comenzaron a denominar como femicidio los casos en los que el homicida se suicidó gracias a la presión de las organizaciones sociales.
"Todos los países latinoamericanos estamos viviendo lo mismo. Invisibilizando la violencia no se va a resolver nada. Habría que preguntarse qué va a hacer Latinoamérica contra el machismo, la violencia y cuál es la postura de los estados frente a un problema regional", reflexionó.
La gravedad de este fenómeno ha hecho que 18 países latinoamericanos modifiquen sus leyes para sancionar el feminicidio: Costa Rica (2007), Guatemala (2008), Chile y El Salvador (2010), Argentina, México y Nicaragua (2012), Bolivia, Honduras, Panamá y Perú (2013), Ecuador, República Dominicana y Venezuela (2014), Brasil y Colombia (2015), Paraguay (2016) y Uruguay (2017).