Son importados y usados por la industria local la chatarra de aluminio e hierro, el caucho granulado, desechos de papel y cartón, plásticos y cascote de vidrio, entre otros. La novedad es que estos ítems pasan a ser clasificados como "insumos" y no como "residuos peligrosos", algo que, en la práctica, ya sucede pero no estaba regulado.
En la teoría, la medida tiene el objetivo de reglamentar el ingreso al país de algunos desechos que hayan sido tratados y reciclados en origen. Pero el Decreto de Necesidad y Urgencia 591/2019, firmado a fines de agosto por el presidente argentino, Mauricio Macri, no pasó desapercibido.
La polémica tiene varias aristas. En primer lugar, porque el decreto elimina la obligatoriedad de la presentación de un certificado de inocuidad, un documento que, según el Gobierno, no era utilizado en la práctica y que, por ejemplo, fue descontinuado en Estados Unidos en 2015.
"Argentina se quedaba tranquila solamente con ese papel documental, pero lo extraño es que nunca en la historia ningún país lo emitió, porque nada es inocuo. Las autoridades del mundo emitían una nota que decía que el material no era peligroso, pero para sus normativas, no para las nuestras", dijo a Sputnik Juan Trebino, subsecretario de Fiscalización y Recomposición de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
El decreto establece que la sustancia u objeto podrá ser considerada como insumo (apto para importación) y no como residuo (prohibido por la Constitución) siempre y cuando:
- "Se utilice para finalidades específicas" cumpliendo los requisitos técnicos;
- "Exista un mercado o una demanda" para su utilización;
- "Cumpla la legislación existente y las normas aplicables al producto";
- "No genere impactos adversos para el ambiente o la salud".
Sospechas por el contexto global
Otro aspecto que genera controversias tiene que ver con la situación de tensión que se vive en el mundo por los volúmenes incontrolables de basura que generan principalmente EEUU, pero también Europa, y dónde va a parar todo ese desperdicio.
"Hay una situación de crisis a nivel global a partir de que China cerró la frontera en 2017 a los residuos plásticos de EEUU y Europa porque entre lo que recibían había un 30% que no era reciclable, es decir, basura hospitalaria, patógena, cualquier cosa", explicó a Sputnik Alejandro Valiente, técnico de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (Faccyr).
Como resultado de la negativa del gigante asiático a continuar recibiendo esta basura intratable, tan solo en 2018, EEUU envió a diferentes países en vías de desarrollo 68.000 contenedores con residuos plásticos no reciclables, entre los que destaca Ecuador en este continente.
"Se está viendo en otros países de Latinoamérica que están estallando distintos escándalos con el tema de la importación de basura. En Paraguay están discutiendo una ley con los mismos efectos. Los países desarrollados tienen miles de containers con basura, siguen acumulando y están buscando dónde colocarla", sostuvo Valiente.
"No sé cómo nos van a convencer que con Argentina van a tener un control más estricto", cuestionó el técnico.
Recicladores preocupados
Los recicladores fueron los primeros en levantar la señal de alarma. Ellos insisten en que esta medida afectará su trabajo diario ya que podría afectar los precios y provocar un empeoramiento del sistema local. Impulsar el decreto habría sido un pedido de parte de la industria del reciclado de cartón, plástico y chatarra que procesa el material que juntan los cartoneros en el país.
"No es que en Argentina falte ese material, existe pero no hay una gestión correcta de esos residuos y terminan en 5.000 basurales a cielo abierto, en rellenos sanitarios colapsados, en arroyos, en el mar", denunció Valiente.
"El actor fundamental son los 150.000 cartoneros que recuperan la mitad de los residuos reciclables disponibles. Para llegar a la otra mitad, tiene que haber un reconocimiento de esa actividad y un apoyo del Estado para poder hacerlo mejor", completó.
