El proyecto que reduce jornada laboral en Chile avanza en el Congreso

"Comisión de Trabajo concluye votación de proyecto que rebaja la jornada laboral a 40 horas y lo despacha a la Sala", informó la Cámara Baja a través de su cuenta de Twitter.

​El proyecto fue presentado en 2017 por la diputada comunista Camila Vallejo (izquierda), pero recién este año comenzó a tener sus primeros avances legislativos.

La iniciativa concitó un amplio apoyo en la oposición, tanto del Frente Amplio (izquierda), como del Partido Socialista y del Partido por la Democracia (PPD) (ambos de centroizquierda) e incluso de algunos líderes del Partido Demócrata Cristiano, considerado el sector más conservador dentro del ala de la centroizquierda.

En respuesta, el Gobierno derechista de Sebastián Piñera presentó su propio proyecto de ley, que a grandes rasgos consiste le da facultades a los trabajadores para que negocien las horas laborales semanales con su empleador.

Las encuestas de opinión pública inclinaron rápidamente la balanza hacia el proyecto de la oposición, lo que obligó al Gobierno a cambiar su estrategia y a desplegar una enorme campaña comunicacional.

Campaña del Piñera

La prensa de las últimas semanas ha estado invadida de entrevistas y declaraciones del ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, y de su subsecretario, Fernando Arab, para alabar los "beneficios" de su proyecto y criticar las "falencias" de la iniciativa opositora.

Finalmente, el Gobierno de Piñera decidió transformar su proyecto, haciendo que también signifique una reducción de la jornada laboral, pero a 41 horas semanales.

Ahora, ambos proyectos están siendo debatidos en el Congreso, pero el de la oposición está mucho más adelantado en su trámite legislativo, ad portas de ser votado por el pleno de los diputados en la Sala de la Cámara.

Tribunal Constitucional

Debido al apoyo que lograría este proyecto que eventualmente viera luego la luz como ley, el Ejecutivo chileno analiza su última carta: el Tribunal Constitucional.

En las últimas semanas, el argumento de la administración de Piñera ha sido cuestionar el proyecto de la oposición diciendo que es inconstitucional, afirmando que la iniciativa significaría un costo para el presupuesto nacional.

Según la carta magna chilena, los parlamentarios no pueden presentar mociones al Congreso que signifiquen un gasto al erario nacional, función que solo le corresponde al Poder Ejecutivo.

El Tribunal Constitucional ha sido objeto de polémicas en el último tiempo, acusado de actuar como una "tercera cámara", ya que ha interferido en proyectos después de largos procesos legislativos como cuando le puso límites a la ley de aborto en tres causales el año pasado.

Si el proyecto llega a aprobarse y es enviado al Tribunal Constitucional, muchos ven como poco posible que la iniciativa pase ese escollo, sobre todo porque desde principios de agosto el órgano tiene una nueva presidenta, la jueza María Luisa Brahm, cercana al Gobierno y exasesora de Piñera.