"No aceptamos que se establezcan mecanismos que Nicaragua no ha solicitado, o que otros países pretendan decidir por nosotros, e imponerse arbitraria, ilegal e ilegítimamente alrededor de nuestros asuntos internos", expresó el Gobierno sandinista en un comunicado publicado por la web oficialista 19Digital.
"Nicaragua rechaza cualquier voluntariosa e injerencista propuesta derivada de políticas que hemos desconocido y desconocemos, por lesivos de nuestra Institucionalidad, nuestra Constitución, leyes, identidad y derechos nacionales", señaló el diplomático.
El pronunciamiento insiste en que el Gobierno sandinista no reconoce ningún grupo de trabajo o comisión no solicitada, así como cualquier intento de otros gobiernos o de la propia OEA de lanzar amenazas injerencistas.
"Nicaragua reitera ante este Consejo Permanente que participa con éxito de todos los mecanismos de la OEA y que lo seguiremos haciendo, en tanto propicien Integración y atención a problemas fundamentales, comunes a todos", concluye el mensaje.
La OEA acompañó junto al Vaticano las negociaciones del Gobierno de Nicaragua con la opositora Alianza Cívica por la Democracia y la Justicia (ACDJ) para superar la crisis política desatada tras las protestas antigubernamentales de 2018.
La parte opositora interrumpió unilateralmente y en varias ocasiones el proceso de diálogo que transcurría en el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), alegando una supuesta falta de voluntad política del oficialismo.
El Gobierno, empero, cumplió el acuerdo alcanzado en su negociación con la ACJD de liberar antes del pasado 18 de junio a todos los opositores detenidos durante los disturbios desatados en abril de 2018.
El pasado 27 de marzo, las partes negociadoras pactaron la liberación en no más de 90 días a una serie de prisioneros que la oposición considera "presos políticos", término rechazado por el Gobierno, que los procesó por terrorismo y delitos comunes.
Para ello, cada parte elaboró sendas listas de reos a liberar, cotejadas y entregadas para su revisión al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), con el acompañamiento de Sommertag y el exministro uruguayo Luis Ángel Rosadilla, enviado especial de la OEA.
Tras la excarcelación de varios grupos de detenidos, la Asamblea Nacional (parlamento) aprobó el pasado 8 de junio una Ley de Amnistía que posibilitó liberar entre el 10 y 11 de este mes al resto de los detenidos durante las protestas antigubernamentales.
