Una de las primeras decisiones adoptadas por Pedro Sánchez como jefe del Ejecutivo español fue acoger al barco de rescate Aquarius (de Médicos Sin Fronteras y SOS Méditerranée) que en esos momentos buscaba un puerto seguro ante la negativa de Malta e Italia a abrirle los suyos para desembarcar a 629 migrantes rescatados en el mar.
Unos meses después, Sánchez publicó un libro titulado Manual de resistencia, en el que, entre otras cosas, se vanagloria de la acogida del barco.
"A mí, personalmente, el haber salvado la vida a 630 personas hace que piense que vale la pena dedicarse a la política", reza uno de los fragmentos del libro.
Además de las cuestiones humanitarias, Sánchez destaca que la acogida fue un golpe de efecto, una suerte de "aldabonazo en todas las cancillerías europeas" para alertar sobre la necesidad de "responder desde la solidaridad de todos los países de la UE".
La vida después del Aquarius
Una vez dado ese aldabonazo, la política migratoria española dejó en un segundo plano la cuestión humanitaria de los rescates en el Mediterráneo.
El mayor exponente de ese giro pudo presenciarse en las últimas fechas con el rechazo a acoger al barco de la ONG española Open Arms tras rescatar a 160 personas en el Mediterráneo.
Un año después de acoger al Aquarius, el Gobierno español desoyó las llamadas de auxilio del Open Arms bajo el argumento de que el derecho marítimo dicta que la responsabilidad de acoger al barco recae sobre los países más cercanos a la zona de rescate, en este caso Malta e Italia, que mantienen sus puertos cerrados a las naves de las ONG.
"No podemos permitir que en el ámbito europeo se afinque el concepto de que solo España puede rescatar", argumentó el 9 de agosto la portavoz del Gobierno español, Isabel Celaá.
El cambio de postura de Sánchez fue objeto de duras críticas por parte de organizaciones humanitarias como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que pide priorizar la protección de las personas migrantes a los pulsos políticos entre países para influir en la política migratoria de la UE.
A su modo de ver, resulta evidente que la Unión Europea está llevando a cabo una política de "ahogamiento" para dificultar la labor de las ONG que rescatan gente allá donde los servicios de salvamento marítimo nacionales no pueden llegar, por lo que no le parece descabellado pensar que el club comunitario tenga directrices claras para evitar "que cunda el ejemplo".
Además, Escaño subraya que en el caso concreto del Open Arms resulta inexplicable la decisión de España de mirar para otro lado porque se trata de un barco de bandera española, lo que hace a Madrid responsable de manera "directa" de su protección.
Enfrentados con las ONGs
Lejos de provocar una intervención por parte del Gobierno, el hecho de tratarse de un barco de una ONG española dio lugar incluso a escenarios de enfrentamiento público entre el Ejecutivo y el fundador de Open Arms, Oscar Camps, que es una persona con una importante presencia mediática en España.
"Me molestan los abanderados de la humanidad que no tienen que tomar nunca una decisión, los que creen que solo ellos salvan vidas, desde el ámbito privado", dijo Ábalos en una entrevista con el diario El País, en la que reivindicó que en 2018 más de 50.000 personas fueron rescatadas por los servicios de Salvamento Marítimo de España.
Por su parte, Camps respondió de la siguiente manera en una entrevista radiofónica: "Ponemos en peligro el patrimonio de nuestras familias, porque las multas son inasumibles; la libertad porque podemos acabar en la cárcel y nuestros títulos profesionales; fíjese si no tomamos decisiones para desobeceder una especie de decreto que nos impide rescatar".
El cruce de acusaciones y palabras subidas de tono con las ONG es otro de los ejemplos del giro en la política migratoria de Pedro Sánchez. Hace solo un año, en agosto de 2018, el propio Ábalos no sólo evitaba lanzar reproches a Óscar Camps, sino que calificaba el trabajo realizado por Open Arms como una "encomiable labor humanitaria" por "haber rescatado en el mar a miles de personas desde 2015".
A finales de agosto de 2018, el Gobierno español rescató un viejo acuerdo firmado en 1992 con Marruecos por el cual las autoridades marroquíes se comprometen a readmitir a migrantes entrados ilegalmente en suelo español si Madrid lo solicita formalmente.
En virtud de este viejo acuerdo, del que apenas había antecedentes de su aplicación, Madrid devolvió a 116 migrantes que saltaron la valla fronteriza que separa Marruecos del enclave español de Melilla.
Las organizaciones humanitarias que trabajan en la frontera sur criticaron la actuación como una forma de institucionalizar las devoluciones en caliente, una práctica condenada por la ONU.
Por ejemplo, el Open Arms estuvo retenido en el puerto de Barcelona por "motivos administrativos" durante casi tres meses entre enero y abril de este año, una actuación que se asemeja a la del barco Aita Mari de la ONG Salvamento Marítimo Humanitario.
El Ministerio de Fomento de España denegó el pasado 18 de enero al Aita Mari los permisos para zapar con el objetivo de realizar misiones humanitarias en el Mediterráneo.
Actualmente, tras haber vuelto a España de un viaje en abril para repartir ayuda humanitaria entre refugiados en las islas griegas de Quíos y Lesbos, los responsables del barco tienen la intención de retomar las misiones de rescate, pero el Gobierno sigue denegando los permisos.
"Nosotros nos estamos preparando para salir, esa es nuestra obligación moral. Vamos a pedir permiso pero somos conscientes de que cabe la posibilidad de que nos lo denieguen. Solo falta que el Gobierno español quiera", señaló este jueves en declaraciones a El Diario Norte uno de los portavoces de la ONG responsable del Aita Mari.
En los últimos cinco años, más de 14.000 personas murieron tratando de cruzar el Mediterráneo. Según datos da la Organización Internacional para las Migraciones, sólo en lo que va de 2019 se contabilizó la muerte o desaparición de 840 personas en Mediterráneo.
Un año después, el mismo Gobierno que acogió al Aquarius endureció su política en la frontera sur recurriendo a acuerdos para la devolución en caliente de migrantes a Marruecos y, además, se encuentra en una situación de claro desentendimiento con las ONG de rescate.
Todo ello se une al cierre de puertos por parte de Italia o Malta y a la descoordinación de los países de la Unión Europea, generando nuevas incertidumbres a los migrantes que se lanzan al Mediterráneo, que además de jugarse la vida en el mar ya no cuentan con la seguridad de saber que, si son rescatados, serán llevados a un puerto seguro.
