"Vuelvo a decir que yo no me aferro a un puesto, no tengo una ambición especial (...) La situación (suceder a Vizcarra) sería muy complicada. Muchas cosas pueden pasar en ese momento, hay que ver los escenarios y estudiarlos con tranquilidad", dijo la vicepresidenta en entrevista con el diario El Comercio.
Aráoz afirmó que tiene el propósito de convencer al presidente de que permanezca en el poder hasta julio de 2021, cuando debería concluir su mandato por ley, pues considera que "es lo más saludable para el país".
Luego que el jefe de Estado anunciara que el Ejecutivo presentaría un proyecto de ley al Congreso para que se adelanten las elecciones —algo que ya realizó el 31 de julio—, surgió mucha controversia sobre si esta iniciativa había sido comunicada o consultada con Aráoz antes de su anuncio.
En declaraciones al citado medio, la vicepresidenta afirmó que se enteró de los planes de Vizcarra en el mismo instante en que el presidente los comunicó al Congreso y la ciudadanía durante su discurso en el parlamento por el aniversario de la independencia de Perú.
En la Constitución de Perú, existe la posibilidad de que si renuncia el presidente en funciones, asuma en su lugar el vicepresidente.
En la propuesta presentada por el Ejecutivo se afirma que tanto el presidente como la vicepresidenta deben concluir su mandato un año antes.
Para los sectores opositores del Congreso, este escenario ha activado la posibilidad de que, para superar las desavenencias entre el presidente y el Legislativo, sea sólo Vizcarra quien renuncie, dejando a Aráoz como sucesora hasta el 2021.
El congresista Carlos Tubino, vocero del principal partido opositor Fuerza Popular (derecha), señaló que Aráoz es una "persona con experiencia de gobierno" que podría sustituir a Vizcarra, quien no desea concluir su mandato.
El jefe de Estado no se ha pronunciado sobre la posibilidad de renunciar y dejar que su lugar lo tome la vicepresidenta, aunque para la ciudadanía esta posibilidad es ampliamente resistida pues implicaría que el actual Congreso se mantenga hasta 2021.
Según un sondeo de la empresa Ipsos realizada en julio, el Congreso gozaba de una desaprobación de 72%, siendo la institución política con más desprestigio ciudadano.
