Si el proyecto es aprobado, el mandato del Ejecutivo y de los congresistas finalizará el 28 de julio del 2020 en lugar del 2021.
"Los peruanos no se sienten representados. Debemos hacernos cargo de esta realidad", dijo el Presidente, en referencia al bajo nivel de aprobación popular de los parlamentarios.
"Lo que hizo Vizcarra es algo así como un 'que se vayan todos' dentro del marco constitucional. El hartazgo de la población con el sistema político y con la corrupción es muy alto", dijo Aragón a En Órbita.
Luego de su asunción en 2018, tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, Vizcarra presentó al Congreso una serie de reformas para combatir la corrupción, que ha salpicado a varios de sus predecesores como también al sistema político local.
La demora en discutir esas iniciativas ha generado una constante tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo.
"Este Congreso es muy impopular. Se nota por todos lados que legisla por el interés de su mayoría sin pensar en el país", explicó el entrevistado.
Aragón explicó sobre cómo impactará esta propuesta en el apoyo al presidente y a los congresistas.
"Vizcarra está sobre el 40% de popularidad, lo que no es poca cosa para los peruanos, mientras el Congreso bordea el 10%. El mes próximo el Presidente va a subir su apoyo popular", señaló el experto.
Irán fue parte del encuentro, que finalizó con un rechazo conjunto hacia las sanciones impuestas por Washington contra el país islámico.
"Hay que hacerse la idea de dos bloques que componen el grupo. El occidental, compuesto por los países de occidente, parece que finalmente adopta medidas para continuar el pacto. Sin embargo, y como punto negativo, se están moviendo cuando no tienen más remedio, impulsados por la tensión en el Golfo Pérsico", dijo a En Órbita el analista internacional Adrián Zelaia.
Entre los requisitos del PAIC figura la obligación de Irán de modernizar su reactor de Arak para usarlo con fines científicos y medicinales.
Además, en Guatemala la organización Acción Ciudadana presentó un recurso de amparo por el acuerdo migratorio firmado entre el Gobierno y la Casa Blanca el pasado viernes 26.
El convenio implica el asilo en Guatemala a los migrantes salvadoreños y hondureños que llegan al país con intención de seguir hacia EEUU. Washington a su vez extenderá visas para trabajadores agrícolas guatemaltecos, y luego a los sectores de construcción y servicios.
"Este acuerdo cumple con los elementos de 'tercer país seguro', a pesar de que no lo menciona. Creemos que es inadecuado e ilegal, ya que no tenía ni las facultades constitucionales ni las de asumir obligaciones que involucran a otras carteras", comunicó Acción Ciudadana.
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