"La conferencia es bilateral porque solo el Gobierno de EEUU y el de Argentina participarán, actualmente el Gobierno argentino ha decidido seguir casi de una manera acrítica la política exterior de seguridad de seguridad nacional del Gobierno de EEUU, así que no hay mucho margen para emitir opinión sobre eso", afirmó Dapena.
Añadió que "si lo que va a hacer una conferencia es repetir una sola visión del fenómeno en alineamiento con uno de los actores geopolíticos, no enriquece mucho el proceso de conocimiento público, para información de la sociedad".
Dapena considera que el terrorismo "es un fenómeno demasiado complejo como para aceptar como únicamente válida la visión de uno de los actores geopolíticos".
En la conferencia participará el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo.
Dapena es abogado y, entre 2014 y 2015, en el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), estuvo al frente de la subsecretaría de lucha contra el narcotráfico.
Opinó que "usualmente cuando uno tiene que analizar la situación global del terrorismo lo que hace es utilizar los instrumentos que brinda el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas".
Ese organismo "mantiene una posición equilibrada, una posición muy activa, pero garantizando la legalidad y los debidos procesos para determinar quiénes son sujetos, cuáles son las organizaciones terroristas, en qué lugares del mundo está avanzando el terrorismo", indicó.
En 2016 Dapena fue investigador senior y jefe de equipo del mecanismo conjunto de investigación sobre Siria del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
La anterior Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo fue en Washington el 11 de diciembre pasado.
En esa instancia, Argentina junto con Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, EEUU, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago debatieron "sobre la amenaza terrorista al continente americano y se comprometieron a reforzar el intercambio de información, el desarrollo de capacidades y la cooperación entre las agencias de los Estados tanto a nivel nacional como entre los países del hemisferio", informó el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino en un comunicado.
Registro de terroristas
Dapena afirmó que tiene sus "severas dudas de la constitucionalidad de la decisión que tomó el Gobierno, hay que ver cómo impacte en la realidad porque para decir que alguien es terrorista usted tiene que tener o una ley que defina a una organización como terrorista o una sentencia judicial".
"El Gobierno creó por decreto un registro donde va a tener un listado de organizaciones terroristas que no tienen ni sentencia judicial, ni ley declarándolo, o sea es el Poder Ejecutivo argentino el que decide quién es terrorista y quién no, en ese sentido lo considero inconstitucional", agregó.
Atentado AMIA
La Segunda Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo se realizará a 25 años del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) ocurrido el 18 de julio de 1994, y que dejó 85 muertos.
El experto consultado por Sputnik afirmó que "la investigación judicial del atentado de la AMIA es el ejemplo de la peor investigación a nivel global que ha existido sobre un atentado".
Cree que eso es "responsabilidad del Poder Judicial, de los fiscales que participaron, y del Poder Ejecutivo que realizó intromisiones indebidas en la investigación".
La expresidenta Fernández fue acusada en diciembre de 2017, una semana después de que asumiera como legisladora, de encubrimiento agravado por firmar durante su Gobierno un Memorándum de Entendimiento con Irán para esclarecer el atentado a la mutual judía AMIA.
La investigación contra Cristina Fernández surgió a partir de una denuncia del fiscal a cargo del caso AMIA, Alberto Nisman.
El Memorándum de Entendimiento con Teherán, que preveía un mecanismo para que un juez argentino interrogara a los acusados en Irán y para que una comisión internacional de juristas independientes revisara las pruebas en el expediente, nunca entró en vigor porque no fue ratificado por el parlamento iraní y fue declarado inconstitucional por la justicia del país sudamericano.
Una autopsia realizada en 2015 no observó indicios de la participación de una segunda o tercera persona en la muerte del fiscal.
Pero en junio del año pasado, una nueva autopsia ordenada por un tribunal de segunda instancia, la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional, concluyó que el fiscal fue asesinado.
