"En segunda instancia ganamos. Estamos haciendo historia, ganamos al Estado ecuatoriano" que ya no tendrá la posibilidad de volver a apelar el fallo, comentó Oswando Nenquimo a esta agencia.
El 26 de abril, la Corte Provincial de Pastaza falló a favor de los indígenas, que se proponían proteger 180.000 hectáreas de selva amazónica de la explotación petrolera, ordenando la realización de la consulta previa y el 1 de julio el Ministerio de Ambiente presentó una apelación contra la decisión del tribunal.
En el bloque 22 residen unas 500 personas de comunidades indígenas, explicó Nenquimo.
En mayo, el Gobierno suscribió siete contratos petroleros en la región amazónica (noreste) a empresas privadas locales, de Perú y Colombia, que aportarán para 2024 alrededor de 18.000 barriles por día a la producción nacional.
El pueblo Waorani afirma que las concesiones se ubican en territorios de las naciones Shuar, Achuar, Kichwa, Waorani, Shiwiar, Andoba y Sápara.