Después de una maratoniana sesión cargada de cierta tensión, la PACE decidió que sus miembros "no pueden ser privados del derecho de voto, del derecho de palabra ni del derecho a ser representado en la Asamblea y en sus órganos, y el ejercicio de estos derechos no puede ser suspendido en el contexto de una impugnación o un reexamen de sus credenciales".
En una resolución aprobada por 118 votos a favor, 62 en contra y 10 abstenciones y basada en un informe elaborado por la representante belga Petra de Sutter, la Asamblea modificó el contenido de sus normas de carácter interno y declaró que el objetivo pasaba por "garantizar el respeto del derecho y de la obligación de los Estados miembros a estar representados y a participar en los dos órganos estatutarios del Consejo de Europa".
El regreso de Rusia
La consecuencia inmediata de esta resolución fue que la PACE invitó oficialmente a la delegación del Parlamento de Rusia a participar en la segunda jornada plenaria. Representantes georgianos, ucranianos y británicos pusieron objeciones tanto formales como sustanciales a esa invitación, reclamaciones que debían ser examinadas en comisión y posteriormente en el plenario.
Poner restricciones a los derechos de la delegación rusa en la PACE, una medida aprobada en 2014, tenía como meta presionar a Moscú para que reconsiderara su posición con respecto a Crimea y el conflicto en el este de Ucrania. Cinco años después, es evidente que estas sanciones no han cumplido su objetivo. De hecho, las sanciones son un instrumento para lograr un fin pero no el fin en sí mismo.
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El contundente paso dado en el Palacio de Europa de Estrasburgo supone el primero que realiza una entidad internacional de este calado. Además, representa un claro precedente de una tendencia que podría extenderse más temprano que tarde a otras organizaciones multinacionales y especialmente a la Unión Europea (UE), dado el creciente deterioro de las relaciones entre Bruselas y Washington.
La Sesión
La histórica sesión del 24 de junio dio comienzo a las 11.30 (hora local) en la ciudad alsaciana a orillas del río Rin. Después de la apertura y otras formalidades, tomó la palabra la secretaria de Estado de Asuntos Europeos, Amélie de Montchalin, en representación del Gobierno francés, presidente rotatorio del Comité de Ministros del Consejo de Europa.
Montchalin desgranó la decisión consensuada en una reunión ministerial celebrada en Helsinki en mayo, fruto del consenso alcanzado por su jefe, el presidente francés Emmanuel Macron, y su alter ego alemán, la canciller Angela Merkel.
Los defensores de las enmiendas consideraban que mantener a Moscú vinculado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos mantendrá activa la posibilidad de que la sociedad civil rusa acuda a esta instancia judicial para denunciar posibles violaciones de sus derechos y libertades.
"Mientras celebramos el 70º aniversario del Consejo de Europa, podemos medir el progreso realizado desde 1949 y el hecho de que esta organización es más esencial que nunca para promover nuestros valores comunes y promover el progreso social y económico en nuestro continente", enfatizó Montchalin.
La alta funcionaria francesa alabó el "estrecho diálogo" existente entre la Asamblea y el Comité de Ministros, una cooperación que permitirá al Consejo de Europa "superar la actual crisis". En este complicado contexto, la secretaria de Estado francesa destacó que los cambios harán posible "reaccionar de una forma más eficaz, clara y coordinada cuando un Estado miembro no cumpla sus obligaciones estatutarias. Se ha abierto una oportunidad y debemos aprovecharla colectivamente para preservar la dimensión paneuropea del Consejo de Europa", dijo.
Luego llegó el turno de las enmiendas, nada menos que 214, algunas de ellas francamente irrelevantes que iban siendo defendidas, sobre todo, por dos diputados pertinaces: el británico Ian Liddell-Granger y el ucraniano Oleksii Goncharenko. El tedioso proceso de lectura y votación de estas enmiendas se prolongó más de cinco horas y concluyó casi a la una de la madrugada del 25 de junio.
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Lo cierto es que el futuro del Consejo de Europa estaba en entredicho. Moscú había decidido en 2016 retirar a sus delegados y un año después suspendió el pago de sus cuotas a la organización hasta que no le fueran restituidos completamente sus derechos. Eso implicaba una suma considerable: 33 millones de euros. Y lo que era mucho más grave: la salida definitiva de Rusia, lo que sólo habría beneficiado a los más radicales. Ahora se abre un nuevo periodo de diálogo y cooperación lleno de alternativas.
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK
