"Queremos pedir excusas por las personas caídas en medio de la guerra que libramos por una Colombia madre patria para todos; asimismo, queremos informar a la comunidad del sur de Córdoba (donde se encuentra Tierralta) que muchos de los homicidios que se han presentado últimamente no están relacionados con nosotros, es decir no tenemos nada qué ver", señala el comunicado divulgado en los medios, cuya veracidad no ha sido confirmada por las autoridades.
En el texto, las AGC justifican las amenazas en contra de varios integrantes de esa población, entre los que se encuentra el líder de derechos humanos Andrés Chica Durango, el periodista Rafael Moreno y los activistas indígenas del sur de Córdoba Israel Aguilar y Carlos Betín.
"Les pedimos disculpas por todo, pero hay que retomar el orden y estas personas no se prestan para eso", señala el panfleto, que advierte que no tendrá "más consideraciones" con ellas.
Las amenazas se conocen luego de que el viernes María del Pilar Hurtado Montaño, una mujer afrodescendiente de 34 años, fue acribillada por sicarios delante de dos de sus cuatro hijos menores en una calle de ese municipio.
Temas relacionados: Colombia creará cuerpo de jueces para atender casos de muertes de líderes sociales
Aunque versiones preliminares indicaron que Hurtado Montaño fue amenazada por las AGC a través de otro panfleto, las autoridades no confirman esa versión y trabajan en investigar las hipótesis del homicidio, ya que sostienen que tampoco era líder social.
Según la Oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en los primeros cuatro meses de este año fueron asesinados 51 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos en Colombia, en una serie de acciones violentas que continúan en varias regiones.
El pasado domingo, la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) denunció el asesinato de otros dos líderes sociales, identificados como Carlos Alberto Biscué y Jhordan Pequi, en el departamento de Cauca (suroeste), uno de los más conflictivos del país.
La ONU sostiene que las muertes de líderes sociales en Colombia vienen en aumento desde 2015, cuando se registraron 41 casos, mientras que en 2016 un total de 61 activistas perdieron la vida de manera violenta, en 2017 ocurrieron 41 episodios y en 2018 los homicidios aumentaron a 115.
